COMUNIDAD
Propone a creación de un grupo multidisciplinar que vigile su situación educativa, sanitaria y de servicios sociales
Última actualización 20/06/2006@00:00:00 GMT+1
23/6/2006 -- Pedro Núñez Morgades, expuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, el informe del Defensor del Menor correspondiente a 2005. Allí aludió al problema de mendicidad infantil que está presente en las calles de Madrid y de otros municipios de la región, en especial de los menores de la Cañada Real Galiana. Para atender a estos menores, propuso la creación de un grupo multidisciplinar que vigile su situación educativa, sanitaria y de servicios sociales.
Del informe se desprende que los menores que viven en las proximidades del vertedero de Valdemingómez subsisten en chabolas, entre escombros y basuras, a siete kilómetros de cualquier transporte público. Además, la mayoría de estos niños no están escolarizados.
El Defensor del Menor dijo que los organismos competentes deben dar respuesta, de manera urgente, a estos problemas “tan claramente identificados” y elaborar un plan de actuación global para atender a estos menores y que, además, sirva como futura solución para otras zonas de la región en las que los menores también conviven con la mendicidad.
El Instituto Madrileño del Menor y la Familia ya suscribió, con el Ayuntamiento de Madrid, el Protocolo de Mendicidad, para intentar dar soluciones concretas al problema aunque, según Núñez Morgades, “no da respuesta a la realidad de exclusión social que sufren estos menores y que está en el origen del problema”.
En opinión del Defensor del Menor, este protocolo debería extenderse a otras localidades de la región, además de “hacer un seguimiento continuo de los niños que mendigan para evitar riesgos y hasta que puedan terminar cayendo en la delincuencia”.
Por otro lado, Núñez Morgades se congratuló por el gran consenso que obtuvo ayer, en el Congreso de los Diputados, el dictamen sobre el Proyecto de Ley Orgánica para modificar la ley que regula la responsabilidad del menor. Esta reforma prevé penas de hasta 8 años de cárcel por casos de asesinato o violación, así como eximir a los menores de edad de la obligación de declarar ante un juez en todos los procedimientos penales, tanto en calidad de víctima, como de testigo.
Por último, Núñez Morgades expresó su deseo de que esta reforma legislativa también cuente con gran apoyo en el Senado.