La utilización política del caso Severo Ochoa nos parece ciertamente peligrosa por la alarma que despiertan asuntos tan delicados. Como hemos defendido desde estas líneas, el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, hizo bien en abrir una investigación por las denuncias sobre una presunta mala aplicación de tratamientos paliativos en enfermos terminales del hospital de Leganés. Las acusaciones iban dirigidas desde el principio contra el coordinador de Urgencias, Luis Montes.

La consejería debió entonces abrir un expediente informativo para esclarecer si efectivamente se estaban produciendo sedaciones irregulares o se trataba de denuncias sin fundamento. Por la gravedad del asunto, también era pertinente apartar cautelarmente a los profesionales denunciados.

Pero en ningún caso debió trascender a la opinión pública, momento a partir del cual el asunto dejó de medirse en términos científicos y profesionales para convertirse en señuelo de unos y otros con el que polemizar sobre la sanidad madrileña.

Es justo reconocer que, después de la reciente sentencia de la Audiencia Provincial –que merece el respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales en firme–, no queda probado que el doctor Montes y su equipo realizaran mala praxis a ningún paciente terminal sometido a sus cuidados paliativos, como se llegó a insinuar por parte de algunos. Y así deberían reconocerlo incluso los que hasta ahora han albergado dudas razonables.

Pero tampoco se puede utilizar un caso como éste para intentar convencer a los ciudadanos de que el Gobierno de Esperanza Aguirre quiere privatizar la sanidad madrileña para que, como llegaron a decir otros, entremos en los hospitales con la cartilla en una mano y la tarjeta de crédito en la otra. Suponemos que, si el PP quisiera privatizar la sanidad –de lo cual tampoco tenemos constancia–, lo último que se le ocurriría es provocarse a sí mismo un escándalo de este tipo, aunque sólo sea porque a ningún político le gusta tener que gestionar una crisis tan delicada.

Los protagonistas tampoco han estado especialmente brillantes tras la sentencia. Al consejero Lamela le cogió esquiando en plenas vacaciones familiares, según una versión oficial de la que no tenemos por qué dudar. Pero sí parece razonable exigir a nuestros políticos que, cuando se produce un hecho trascendental del que son responsables, abandonen de inmediato sus viajes de placer para ofrecer a la opinión pública cuantas explicaciones sean necesarias. Ganar tiempo desde los Pirineos no es la mejor forma de estar a la altura de tales circunstancias. Por su parte, el doctor Montes clama ahora venganza judicial contra los que considera que le han perjudicado. Está en su perfecto derecho y para eso está la Justicia, pero tampoco creemos que consiga nada más que prolongar la polémica.