De esta forma, a juicio del Comité se podrá aplicar el convenio colectivo y cobrar los atrasos, algo que se firmó en diciembre de 2008 pero que no se puede cumplir, según los regidores locales, por la "precaria situación económica" de las arcas municipales.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, los 800 trabajadores del consistorio y de la empresa municipal de servicios ASERPINTO cuestionaron la labor de los asesores y cargos de confianza, quienes –contratados "directamente por los políticos"– "no firman informes ni asumen responsabilidad en la gestión", que recae sobre "los técnicos y trabajadores en general", según denunciaron.

Además, el colectivo aseguró que se están abonando "gratificaciones exageradas" a políticos no liberados por asistencia a juntas de gobierno (331 euros), a plenos municipales (531 euros), a comisiones informativas (166 euros), a juntas de portavoces (332 euros) y a mesas de contratación (32 euros).

Los trabajadores reclamaron, además, un recorte en otros "gastos prescindibles", como las contrataciones de "escoltas" a políticos, en clara alusión al teniente de Alcalde Reyes Maestre, de Juntos por Pinto (JpP), a quien le fue asignado este servicio tras los altercados en la moción de censura del pasado 22 de diciembre. Por otro lado, el Comité solicitó la supresión de la subcontratación de "servicios a empresas privadas que podrían llevarse a cabo por empleados públicos".


Sin uniformes para ahorrar

El Comité de Empresa consideró, en el comunicado, que estos gastos contrastan con las medidas emprendidas por los propios trabajadores para ahorrar material en la gestión municipal. "Estamos poniendo en práctica algunas actuaciones –reveló el colectivo– como renunciar a uniformes de trabajo nuevo para algunos departamentos, controlar el papel y material fungible, y llevar a cabo un control del gasto superfluo".

La delicada situación del ayuntamiento –que llevó al Pleno a pedir hace unos meses un anticipo al Ministerio de Hacienda– fue trasladada por el Gobierno local a los trabajadores en una reunión que mantuvieron el pasado día 13, en la que, según el Comité, les informaron de que no se pueden cumplir los acuerdos alcanzados en materia laboral con la anterior Corporación local (PP y Juntos por Pinto), así como la imposibilidad de fijar una fecha para abonar "la deuda" en concepto de atrasos a los empleados municipales.

En este sentido, fuentes municipales confirmaron a Europa Press que "la prioridad absoluta" en estos momentos es "garantizar las nóminas de todos los trabajadores" y que, posteriormente, se estudiarán fórmulas para abonar estos atrasos. Ante esta situación, el Comité de Empresa pinteño reclamó la aplicación "un plan de saneamiento que realmente resuelva el problema económico actual", ya que -según consideró- son los propios trabajadores los que "están pagando los platos rotos por los problemas que han originado los políticos". En este sentido, reiteraron que no "renunciarán a sus derechos".