“El IBI –apuntó García– ha subido desde el año 2005 en un 100% aproximadamente. La previsión fue llegar al 150% y se ha traducido en que el recibo ha subido en torno a 60 euros”, explicó. Además señaló que en su municipio se producen desajustes importantes para muchos de sus vecinos ya que “se paga 550 euros de media por vivienda unifamiliar, que es lo que prima en el municipio. Hay algunos que pagan 880 y otros 490. Lo más escandaloso del tema, es que los propietarios de las viviendas de protección, de promoción pública, hechas por el ayuntamiento con la empresa municipal de la vivienda, adjudicadas unas semanas antes de las elecciones municipales, han recibido este año el recibo del IBI, y sorprendentemente tienen que pagar por estos pisos de 70 metros cuadrados 430 euros”, algo que no es muy normal.

La subida también se ha visto reflejada en la actividades culturales, concretamente en concepto de matrícula, 6 euros por actividad y persona. Un asunto que no tiene justificación alguna para implantarla. De hecho según Juan Carlos García, la concejala del ramo, Laura Vallejo, en el pleno donde aprobaron esta subida, “por supuesto con nuestro voto en contra”, justificó este aumento porque “el hecho de que se apunten los vecinos requería de mucho trabajo”.

Otro de los problemas que acucian al ayuntamiento arroyomolinense es el económico, de hecho, a estas alturas no están aprobados los presupuestos de 2009. La legislación establece que junto con la aprobación de los presupuestos tiene que ir la liquidación del año anterior y ahí es donde puede existir el problema. García recuerda a los vecinos “que hagan memoria, porque ya van tres concejales de Hacienda los que ha despachado el alcalde. La localidad cuenta con un presupuesto municipal de 22 millones de euros, un presupuesto bastante bajo si lo comparamos con el del año 2004, que ascendía a 55 millones de euros. La deuda real no la sabemos porque el alcalde nos ha denegado cualquier acceso a información relativa a las cuentas. De hecho, tenemos interpuesta una denuncia ante el Defensor del Pueblo para que interceda y medie, porque no es posible esta falta de transparencia”.

En este sentido hay dos tipos de deuda, las reconocidas y las que no lo están, esas pasan por reconocimiento extrajudicial de créditos cuando trascurren años. En este punto “tenemos un serio altercado en el pleno, porque pleno tras pleno tenemos facturitas de éstas que nos van apareciendo, y que coinciden además con que son las mismas empresas, y que además están fuera de concurso, porque ya finalizó pero continúan. Son personas como los asesores jurídicos del señor alcalde que no tienen ni contrato, y cobran 9.000 euros al mes, a ese sistema nos oponemos. En el ayuntamiento tenemos un condicionante con el dinero de la enajenación de las parcelas. Es un dinero que la ley dice que se tiene que utilizar en determinadas cosas y nosotros hemos asistido a un verdadero despilfarro de dinero que incluso se ha gastado para gasto corriente, éste es un asunto que ya hemos denunciado. Nosotros nos encontramos con que no sabemos si vamos a poder mantener el pueblo que tenemos”.