El personal docente y directivo de ambas escuelas le ha hecho llegar al regidor las dificultades que encuentran para mantener una enseñanza pública de calidad, especialmente al enfrentarse al Decreto de Mínimos impulsado por el Gobierno del PP en la región. Este decreto, en opinión de gran parte de la comunidad escolar, rebaja la calidad educativa en el segmento de 0 a 3 años, ya que permite un aumento del número de niños por aula, mientras que disminuye los espacios asignados al alumno en los patios y en las clases.

Para los socialistas, disposiciones legales de este tipo “ocultan el deseo de Esperanza Aguirre de llevar a cabo privatizaciones encubiertas también en la educación”.

No obstante, el regidor ha querido destacar “la gran labor que día a día realizan tanto el equipo directivo como el educador en estos centros para mantener una educación pública digna que se traduce en una perfecta atención a los niños y niñas de este tramo educativo”.


Necesidades

Pese a que el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo por que los centros docentes muestren su mejor cara al inicio del curso, con diversas obras de mantenimiento, el alcalde ha recordado que Pinto precisa de una nueva escuela infantil. Sería la sexta, ya que a las dos de la Comunidad hay que sumar tres municipales.

Por todo ello, el Gobierno municipal, ante las constantes negativas del Gobierno regional, ha manifestado nuevamente su firme intención de seguir reivindicando a la Comunidad de Madrid su construcción, a pesar de que la consejera de Educación, Lucía Figar, ha manifestado que no se va a abordar su construcción en un futuro próximo y la Comunidad sacó el proyecto de sus presupuestos para este año.

Otra reivindicación al Gobierno regional es la acometida de la segunda fase prevista para el Instituto de Enseñanza Secundaria Calderón de la Barca, que la presidenta regional Esperanza Aguirre inauguró hace un año, “sin estar totalmente concluido”.

Mercedes Díaz Masó, tras conocer las reivindicaciones de Pinto en materia educativa se ha comprometido con el alcalde a trasladarlas a la Comunidad de Madrid, bien en comisión o en pleno.