La empresa De La Riva Abogados Urbanistas SL ejerce actualmente labores de asesoría para el Ayuntamiento de Arroyomolinos, aunque para el portavoz socialista del municipio, Juan Carlos García, son asesores del alcalde, Juan Velarde (PP), y sus concejales. García explicó que esta empresa se constituyó el 16 de enero de 2007, y que el ayuntamiento firmó un convenio con esta sociedad con fecha de 17 de abril de ese mismo año. Tras constituirse una mesa de contratación “sorprendentemente –en palabras del portavoz del PSOE– sólo se presentó esta empresa", que obtuvo el concurso por un periodo de seis meses y un precio de licitación de 17.500 euros, por ofrecer servicios de asesoramiento jurídico urbanístico al consistorio.

El asesor jurídico municipal se encuentra en plantilla pero tiene una excedencia laboral solicitada y trabaja en una empresa privada. Tras un periodo de un año, el equipo de Gobierno (PP) decide entonces llevar cabo el concurso (por seis meses) a principios del año 2007, justo unos meses antes de las elecciones municipales de aquel año.

Lo que llama la atención del portavoz socialista es que antes del cumplimiento del contrato, concretamente al quinto mes, De La Riva Abogados Urbanistas SL comenzó a percibir, al margen de los 17.500 euros establecidos, una cantidad de 9.512 euros mensuales. Es decir, desde el quinto mes la empresa ha estado percibiendo, "sin contrato legal con el ayuntamiento", más de 9.500 euros mensuales que, a falta de tres meses que restan para cerrar el presente año, supondría un montante total de 275.000 euros.

"El problema –según Juan Carlos García–, es el reconocimiento extrajudicial de las facturas que esta empresa emite mensualmente", y “sorprendente” también es el hecho de por qué unos asesores jurídicos “se mantienen al margen de la ley”, concretamente de la Ley de Contratos del Sector Público, y se les paga mediante un decreto de alcaldía con dicho reconocimiento extrajudicial, que además cuenta con informes desfavorables desde Intervención municipal.

A esto se suma, según García, que cuando esta empresa realiza cualquier asesoramiento jurídico cobra aparte otros 3.000 euros. Todos los pagos que se efectuan a esta empresa vienen con informes desfavorables de Intervención, porque este órgano de control municipal explica que no se ha seguido el procedimiento de contratación establecido, que el crédito es inadecuado y que por tanto, no es correcto.

Además, el PSOE advierte de que todos los informes de planeamiento urbanístico deben ir precedidos por un informe de Secretaría o Intervención y que esta empresa, al no tener contrato legal con el ayuntamiento, sus informes preceptivos no deben ser válidos. Es decir, se pagan 9.500 euros mensuales a una empresa jurídica cuyos informes no tienen validez.

En otro orden de cosas, existe una demanda de enero de este año interpuesta por dicha asesoría jurídica, que trabaja para el ayuntamiento, y que, en nombre del alcalde, demanda a la esposa de un concejal socialista (María del Pilar Bergua Galán), que ejercía por entonces como responsable de comunicación en el PSOE.

Juan Carlos García, en declaraciones a Globo FM, denuncia “una presunta prevaricación del alcalde, el popular Juan Velarde, porque utiliza recursos y caudales públicos para defender su honor” (por un fotomontaje aparecido en un boletín del grupo socialista).

La denuncia reclama 6.000 para el propio alcalde, por lo que según apunta García “con el dinero de todos los vecinos, se permite el lujo de presentar una querella y utilizar los servicios jurídicos municipales para defender su honor, lo que hace que éste sea un tema particular”.

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