Estas familias vienen demandando desde hace meses una solución ante el incremento en el precio de sus viviendas de protección, que podría pasar de los 120.000 euros prometidos por el Gobierno local a los 180.000 establecidos en el contrato remitido por la empresa constructora, Lazora.

En este sentido, un portavoz de los afectados, Rubén González, aseguró que los adjudicatarios se sienten "estafados" por las promesas del alcalde de la localidad, Esteban Parro, y confirmó que seguirán manifestándose todos los sábados para buscar una solución y que solicitarán asesoría legal gratuita ante una situación que califica de "injusticia".