Martín ha explicado que la segunda denuncia está motivada por la presunta vulneración de la Ley de Contratos y el “uso de fondos públicos saltándose los controles” existentes en el consistorio pinteño.

Del mismo modo, ha informado de la interposición de un recurso subsidiario y de forma al auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Parla en el que se imputa a la anterior alcaldesa y a la que fuese concejala de Hacienda durante el Gobierno del PP, Tamara Rabaneda, por un presunto delito de prevaricación por su gestión económica.

El primer edil de Pinto ha explicado que el recurso pretende que se impute, por la presunta comisión de los mismos delitos, a los otros siete ediles populares que formaron el Ejecutivo de Rabaneda ya que, según ha asegurado, son igualmente responsables de haber “esquilmado” 10 millones de euros en los últimos 20 días antes de la moción de censura que les apartó del Gobierno.