El convenio fijaba un plazo de cuatro años para que el empresario pudiese edificar a cambio de no construir la gasolinera -para la que se dio licencia de obra-, pero concluido el plazo, el Consistorio no ha podido hacer frente a lo pactado.

Ahora, el consistorio local deberá afrontar esta cantidad ante la imposibilidad de que, tras los cuatro años estipulados en el convenio, el empresario haya podido edificar, debido –según fuentes de la Concejalía de Urbanismo– a que "la Comunidad de Madrid no ha aprobado todavía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".


Expropiación aprobada en 2004
La expropiación fue aprobada por unanimidad en el pleno del 28 de octubre de 2004. El Ayuntamiento quería hacerse con los terrenos en los que estaba proyectada una gasolinera -lo que generó las protestas vecinales- para crear una zona deportiva. El procedimiento de inicio del expediente y de la declaración de utilidad pública del terreno contó con el visto bueno de todos los grupos, excepto del PP, que se abstuvo a la hora de marcar el justiprecio, la cantidad que debía percibir el empresario por renunciar a su negocio.

Ahora, con la finalización del plazo fijado, el empresario advirtió con reclamar la ejecución del "pago de la cláusula", ante lo que Urbanismo negoció el pago aplazado del dinero a cuatro años.