Recuerdan los populares que estos privilegios proceden del convenio laboral que dejó como testamento el anterior alcalde y actual secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, en septiembre de 2008, un mes antes de abandonar la alcaldía.

Al mes siguiente, la propia Delegación del Gobierno remitió al Ejecutivo parleño un requerimiento para que anulara “determinados extremos de dicho acuerdo que vulneran el ordenamiento jurídico estatal por exceder de las competencias que en materia de personal vienen atribuidas a este ayuntamiento”.

Pero lo cierto es que el Ejecutivo local de Parla no ha hecho ningún caso a sus propios compañeros de la Delegación del Gobierno, porque esos privilegios para los trabajadores municipales, sobre todo para los funcionarios, se han seguido manteniendo.

Prueba de ello es que el presupuesto municipal que acaban de aprobar los socialistas incluye los privilegios económicos que anuló la Delegación del Gobierno: un Fondo de Absentismo Laboral dotado con 85.000 euros para premiar a los funcionarios que no falten a su puesto de trabajo y 121.000 para gratificar las jubilaciones forzosas, además de otra partida para los 200 euros y el reloj que se da a cada funcionario cuando cumple 25 años de antigüedad.
La Delegación considera que estos pagos extraordinarios son ilegales porque ya se remuneran a través de los correspondientes trienios y complementos de productividad.

Pero no son los únicos privilegios que Tomás Gómez dejó y José María Fraile ha mantenido a los funcionarios del Ayuntamiento de Parla. La Delegación del Gobierno también les instó a que anularan otros como el permiso por maternidad, adopción o acogimiento de 17 semanas, una más de las permitidas (16), el permiso por mudanza de 2 días, uno más de los permitidos (1) o el permiso de 8 días para asuntos propios, dos más de los permitidos (6), entre muchos otros.

La mejor prueba de que estos privilegios son irregulares es que el propio Ejecutivo local (PSOE) tuvo que corregirlos durante una Junta de Gobierno celebrada pocos meses después, en enero de 2009. Durante la misma, los socialistas aprobaron una moción del concejal de Personal, Mariano Sánchez, que reconoce la necesidad de eliminar del convenio laboral los privilegios denunciados por la Delegación del Gobierno.

Y así se hizo, pero sólo para ocultar que en realidad esas ventajas de los funcionarios se han seguido aplicando, como demuestra el hecho de que en el presupuesto de este año que acaba de aprobar el PSOE vuelvan a aparecer las partidas para pagar esos privilegios ilegales con los impuestos de todos los vecinos.