Con ello, los populares inician la vía administrativa con el objetivo de que arranquen "las acciones necesarias en defensa de los quebrantos económicos sufridos por la Hacienda municipal" a raíz de este abono, que investigó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que, finalmente, decidió archivar.

Los populares basan este requerimiento en varios puntos en los que, a su entender, "se detalla la falta de constancia de la convocatoria del procedimiento legalmente establecido para la adjudicación de este servicio, tal y como informó en su momento la interventora municipal".

En este sentido, recordaron que, según el informe final de la Fiscalía, "de las actuaciones practicadas y de la documentación incorporada al procedimiento se desprende que estamos ante una resolución administrativa no adecuada a derecho". Por otro lado, el PP recordó que ya interpuso un recurso de reforma ante la Sala que instruyó el caso en el TSJM.