Así lo anunció ayer el alcalde de la ciudad, Enrique Cascallana, después de que el Gobierno municipal haya recibido un borrado del convenio necesario para su funcionamiento que es "un insulto para los discapacitados de esta ciudad", según indicó el regidor, ya que "sólo habla de los afectados graves sin establecer a cuántos financiará, sin comprometer el mobiliario y sin detallar si los vecinos de Alcorcón tendrán preferencia" para acceder a las plazas.

En opinión del alcalde, el borrador recibido por el Ayuntamiento es "una provocación más de la presidenta" regional, Esperanza Aguirre, por lo que será rechazado por el Pleno esta tarde en su sesión correspondiente al mes de mayo.

Ante esta situación, el Ejecutivo municipal dará "un plazo de cuatro meses" al Gobierno autonómico para alcanzar "una solución" definitiva a la puesta en marcha de este equipamiento. "Nosotros tenemos la obligación de darle un uso a este edificio y se lo daremos", apostilló Cascallana, quien explicó que "buscaremos la fórmula para darle un fin social" sin que ello implique "gasto corriente", por lo que se estudiará su cesión "a alguna Fundación u Organización No Gubernamental", concluyó.