Para Izquierda Unida, la referida Ordenanza -que extrema las 'sanciones' por actos incívicos, insultar a los políticos o lavar fruta en fuentes públicas- "vulnera el principio de legalidad, así como derechos básicos recogidos en la Constitución Española, como son el derecho de reunión y manifestación, y el derecho a la libertad de expresión de ciudadanos, ciudadanas y colectivos".

En el escrito, Viondi afirma que la Ordenanza "criminaliza conductas fruto del libre ejercicio de estos derechos, como por ejemplo la convocatoria de manifestaciones, concentraciones, el libre ejercicio artístico, político, deportivo y cultural tanto en la calle como en zonas privadas, así como determinadas prácticas políticas, sociales y sindicales como la utilización de espacios públicos".


Criminalizar la pobreza
Otra de las críticas en las que basa IU sus alegaciones es la normativa sancionadora para prácticas residuales en el conjunto de la población de Getafe. Para la Organización, con la aprobación del texto se "pretende la invisibilización y criminalización de la pobreza y de la exclusión social, en lugar de proponer medidas para combatir las causas que la producen".

Por otro lado, IU consideró que "no se ha realizado el proceso participativo que una ordenanza de estas características requiere, no ha pasado por la mayor estructura de participación que es el Consejo Ciudad, regulado en el Reglamento de Participación Ciudadana y donde esta representado todo el movimiento asociativo de Getafe".