Ambos ya fueron citados a declarar el pasado mes de julio, cuando lograron aplazar la vista –y evitar así las cámaras que les esperaban a la puerta del Juzgado– tras solicitar sus abogados una prórroga con la excusa de intentar llegar a un acuerdo con Eduardo Fernández, al que cesaron en octubre de 2009 sin ninguna explicación y tras abrirle un expediente sancionador que al final tuvieron que archivar sin ninguna sanción.

En los escritos que el anterior jefe de la Policía Local ha presentado al ayuntamiento para recurrir su cese, éste denunció que el Gobierno de Fraile le está sometiendo “al mayor caso de acoso laboral que se recuerda en la Comunidad de Madrid”. No en vano, afirma que el concejal de Seguridad llegó incluso a amenazarle con ese expediente y con desterrarle a un puesto sin funciones, amenazas que el Gobierno local cumplió y por las cuales Eduardo Fernández permanece de baja por depresión desde entonces.

Por todo ello y para que se le restituya en su puesto, Fernández decidió llevar su caso hasta los tribunales de Justicia, que primero lo aceptaron a trámite y que ahora han sentado en el banquillo al alcalde, al concejal del ramo y al nuevo jefe de Policía Local, Antonio Aguado, este último en calidad de testigo.