La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido admitir a trámite el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Comunidad de Madrid por no tramitar su solicitud de declarar el municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado, tal y como establece la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
El TSJM ha concedido a la administración regional un plazo de 20 días para remitir el expediente que resuelve la solicitud de Rivas, la cual fue desestimada por silencio administrativo por parte de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. La solicitud del Ayuntamiento de Rivas, que fue presentada el 25 de septiembre de 2024, busca que el municipio sea considerado zona tensionada debido a las dificultades para acceder a la vivienda, lo que permitiría aplicar medidas excepcionales contenidas en la nueva ley estatal.
Desde el 11 de diciembre, el Ayuntamiento de Rivas había solicitado formalmente a la Comunidad de Madrid que iniciara el procedimiento correspondiente, pero la respuesta fue el silencio administrativo. La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha insistido en que el municipio seguirá defendiendo los derechos de sus ciudadanos: “Siempre vamos a defender los derechos de la ciudadanía ripense, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para garantizar su acceso a la vivienda”.
El recurso judicial se presentó tras la inacción del Gobierno regional, que argumentó que había recurrido la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Ayuntamiento recuerda que la interposición de un recurso no suspende la aplicación de la ley, la cual sigue siendo de obligado cumplimiento. El Tribunal Constitucional ya ha desestimado la mayoría de los recursos interpuestos sobre la Ley de Vivienda.
Castillejo también ha recordado que, en paralelo, el Ayuntamiento trabaja en fortalecer su parque público de vivienda mediante un plan estratégico que permitirá la construcción de más de 500 viviendas en los próximos años. “Queremos que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad, no boicoteando leyes, y que el Gobierno central también actúe para garantizar la financiación necesaria”, ha afirmado la alcaldesa.
Con esta acción judicial, el Ayuntamiento de Rivas busca garantizar el derecho a la vivienda para sus ciudadanos y que se apliquen las medidas que la Ley de Vivienda establece para los municipios en situación de tensión residencial.