La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han manifestado su profunda preocupación tras conocerse la decisión del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid de citar como investigados a cuatro periodistas de El País, El Mundo y 20 Minutos por la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con el caso del fiscal general del Estado.
El juez imputa a los redactores por un presunto delito de revelación de secretos debido a la difusión de un informe sobre las comunicaciones del teléfono móvil y correo electrónico de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez. Rodríguez, quien se encuentra bajo investigación en el Tribunal Supremo, había solicitado al instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, que se investigara la filtración del informe a la prensa, lo que derivó en la imputación de los periodistas. La citación de estos informadores como investigados está programada para el próximo 19 de junio.
Las organizaciones periodísticas han subrayado que, aunque respetan la independencia del poder judicial, las decisiones judiciales no deben comprometer el derecho fundamental de los periodistas a proteger sus fuentes, un derecho que está amparado por el artículo 20 de la Constitución Española. Este principio también ha sido respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a varios países por intentar identificar fuentes periodísticas, incluso si estas procedían de filtraciones ilícitas.
Tanto la FAPE como la APM han expresado su respaldo a los periodistas investigados y han reiterado que defenderán su derecho a mantener el secreto sobre las fuentes que les permitieron acceder a un informe considerado clave en la instrucción abierta en el Tribunal Supremo. Este informe contenía mensajes entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal Rodríguez, relacionados con la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cuya divulgación el Alto Tribunal considera un acto delictivo.