El PP de Parla acusa al Ayuntamiento de bloquear a vecinos críticos en redes sociales

El Partido Popular de Parla ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento, gobernado por PSOE y Más Madrid, está bloqueando en redes sociales a vecinos y miembros de la oposición para evitar sus opiniones. Según el PP, esta práctica forma parte de una estrategia para restringir la participación ciudadana en los canales oficiales del consistorio.

La formación popular asegura que el Gobierno municipal silencia a usuarios críticos mediante bloqueos directos en las redes institucionales y restringe los comentarios en función del contenido de las publicaciones. “Dependiendo del tema tratado, se habilita o se cierran los comentarios, impidiendo el debate cuando el asunto puede resultar incómodo para el equipo de Gobierno”, denuncian.

Según el PP de Parla, muchos vecinos que aún no han sido bloqueados aprovechan las pocas ocasiones en las que se permiten comentarios para expresar su malestar por estas restricciones. Sin embargo, afirman que no obtienen respuesta por parte del Ejecutivo local.

“Es inaceptable que un ayuntamiento, que debe representar a todos los ciudadanos y garantizar la transparencia, utilice redes sociales públicas para silenciar voces”, sostienen desde el grupo municipal. Añaden que los perfiles institucionales no son propiedad de ningún partido ni cargo concreto, sino canales de comunicación financiados con dinero público que deberían estar abiertos a la participación ciudadana, incluyendo las críticas.

El portavoz del Partido Popular, Héctor Carracedo, ha sido contundente en su crítica al alcalde, Ramón Jurado:

“Exigimos que se reviertan estos bloqueos de inmediato, que se respete el derecho de los ciudadanos a interactuar con su administración y que no se censure la opinión de ningún vecino, por mucho que saquen las vergüenzas de la lamentable gestión de este equipo de Gobierno. Gobernar no es imponer. Gobernar es escuchar. Póngase a trabajar para sus vecinos, señor Jurado”.

Desde el PP advierten de que esta situación vulnera principios fundamentales de libertad de expresión y promueve, en sus palabras, una “cultura de opacidad y exclusión”. Asimismo, critican que el Gobierno local “teme al debate” y “rehúye el diálogo con quienes piensan diferente”, lo que consideran incompatible con una gestión democrática de lo público.