Apenas unos meses después de la privatización de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, la situación laboral de los trabajadores de la UTE Valoriza-FCC, adjudicataria del contrato, presenta un preocupante retroceso. Más Madrid Pinto ha denunciado despidos, sanciones disciplinarias y un accidente laboral que evidencian un clima de presión y vulneración de derechos en la plantilla.
En un comunicado, Más Madrid Pinto critica duramente a los partidos políticos que apoyaron la privatización —Partido Popular, Pinto Avanza y VOX— y pone en duda las promesas públicas de defensa de los trabajadores. “Las llamadas a la supuesta defensa y garantía de los derechos de los trabajadores de la UTE por el Partido Popular y Pinto Avanza han demostrado ser una mentira más, con la complicidad de VOX”, señala la formación.
La portavoz de Más Madrid Pinto, Elena Ancos, lamenta que los patrones de explotación del pasado se repitan bajo la nueva adjudicación: “Una paga atrasada desde febrero que no se ha abonado hasta noviembre, un despido, sanciones injustificadas a dos empleados y un accidente laboral son solo algunos de los problemas que sufrimos.” Además, advierte sobre la intención de Valoriza y FCC de renegociar el convenio colectivo sin ofrecer mejoras reales para la plantilla.
Por su parte, Mario del Río, concejal de Más Madrid Pinto, acusa al alcalde Salomón Aguado de utilizar la llamada mediación en la huelga de basuras de diciembre de 2023 como un “señuelo para facilitar la privatización” y critica la gestión privada que “prioriza los beneficios económicos sobre los derechos laborales y el bolsillo de los vecinos de Pinto”.
La problemática no se limita a la UTE Valoriza-FCC. Más Madrid Pinto también ha recibido denuncias sobre la gestión y el ambiente laboral en ASERPINTO, la empresa municipal encargada del servicio de jardinería desde la pasada privatización. Según el sindicato CCOO, ASERPINTO “demuestra falta de transparencia y un régimen dictatorial en su gestión, aplicando un régimen sancionador excesivo y arbitrario”. En este contexto, ya se ha producido un despido declarado improcedente, cuyo coste económico deberá asumir la administración local.
El debate sobre la gestión pública versus privada de los servicios municipales vuelve a cobrar fuerza en Pinto, mientras la plantilla y sus representantes reclaman garantías efectivas y respeto a sus derechos laborales.