El alto tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial que impone siete años de inhabilitación al exregidor Baltasar Santos y al exconcejal Manuel Jordán, ambos del Partido Popular, por adjudicaciones irregulares en 2014
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado íntegramente la condena por prevaricación administrativa al exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos González, y al exconcejal de Medio Ambiente, Manuel Jordán Rodríguez, ambos pertenecientes al Partido Popular.
La resolución desestima los recursos de apelación presentados por los condenados y ratifica las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid: siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de las costas procesales.
“El TSJ de Madrid confirma que el exalcalde actuó a sabiendas de la ilegalidad de los contratos para las obras del recorrido de los encierros”.
Los hechos se remontan a 2014, cuando se realizaron encargos directos e irregulares a una empresa para la reparación de las talanqueras y otros elementos metálicos del recorrido de los encierros del municipio, por un importe total de más de 105.000 euros, sin expediente de contratación ni licitación pública, y con un fraccionamiento de facturas que eludía los controles legales.
Pese a los reparos formulados por la Intervención Municipal, la Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento, el entonces alcalde autorizó los pagos, según consta en la sentencia. El TSJM considera probado que ambos acusados actuaron “a sabiendas de la ilegalidad del procedimiento”, confirmando así que su conducta encaja en el delito de prevaricación administrativa.
El Ayuntamiento de Navalcarnero, que ejerció la acusación particular, ha valorado positivamente la resolución judicial, al entender que confirma la actuación legal y firme del Consistorio en defensa del interés público y de la correcta gestión de los recursos municipales.
Además, el exregidor Baltasar Santos se enfrenta a otras causas judiciales abiertas por presuntos delitos de malversación, fraude y prevaricación, relacionados con contrataciones irregulares y pagos cruzados entre empresas vinculadas durante su etapa al frente del Ayuntamiento. La UCO de la Guardia Civil continúa con varias investigaciones en curso.