· La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal rechaza una denuncia del PP y confirma que no existe perjuicio a los fondos municipales ni irregularidades en la gestión de la EMV
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha decretado este pasado lunes la firmeza de un auto en el que se rechazan las denuncias presentadas por el Partido Popular de Rivas sobre la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y la gestión económica del Ayuntamiento. El Tribunal declara firme el Auto no 17/2025 al no haberse interpuesto recurso extraordinario de casación dentro del plazo legal, por lo que la resolución queda cerrada definitivamente y sin posibilidad de nuevos recursos.
En dicho auto, fechado el pasado 24 de noviembre de 2025, el Tribunal desestimaba el recurso de apelación presentado por el PP y reafirmaba lo ya resuelto el 19 de junio de 2025: no existen irregularidades ni perjuicio alguno para los fondos públicos en los ejercicios de 2023 y 2024.
El Partido Popular había denunciado una supuesta alteración de la cuenta general del Ayuntamiento y de las cuentas anuales de la EMV, solicitando incluso la fiscalización de ambas entidades y del presupuesto consolidado municipal. Tras el archivo de la denuncia el pasado mes de junio, el PP presentó un recurso de apelación insistiendo en la existencia de presuntas pérdidas y reclamando la apertura de un procedimiento de responsabilidad contable.
El Tribunal de Cuentas vuelve a ser contundente y avala lo ya dicho en noviembre: las afirmaciones del PP no se sostienen ni jurídica ni contablemente. La resolución señala que la denuncia “no permite deducir la existencia de saldos deudores injustificados ni de daño real, efectivo y evaluable económicamente a los fondos públicos”, requisito imprescindible para incoar un procedimiento de responsabilidad contable. Añade además que no es posible apreciar en la transferencia de recursos del Ayuntamiento a la EMV, a través de una ampliación de capital, ningún supuesto de alcance contable, dado que esta operación cumple la normativa y porque el Ayuntamiento es el único socio de la empresa pública, con el 100% del accionariado.
El auto incorpora, además, los argumentos que ya expresó la Fiscalía en su escrito de oposición: los movimientos contables señalados por el PP no suponen un perjuicio al Ayuntamiento, sino un simple desplazamiento patrimonial entre dos entidades públicas.
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo Parrilla, ha valorado esta nueva resolución judicial señalando que “el PP de Rivas, apoyado por el PP de Madrid, lleva tiempo con una campaña salvaje de desprestigio de la empresa pública y buscando su cierre, como ha demostrado este nuevo intento fallido de denuncia ante el Tribunal de Cuentas”. A juicio de la alcaldesa, “el objetivo del PP es claro: quieren privatizar la empresa para venderla a sus amigos los constructores, como han hecho en otros municipios”.
GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
El Gobierno municipal ha valorado positivamente la última y definitiva resolución del Tribunal, que avala de nuevo la gestión de la EMV y del Ayuntamiento. La declaración de firmeza confirma que el procedimiento judicial ha quedado completamente cerrado, al no haber hecho uso el Partido Popular de la posibilidad de recurrir en casación.
De hecho, la resolución del Tribunal confirma nuevamente que la estrategia municipal de fortalecer el parque público de vivienda es correcta y está ajustada a la legalidad. Frente a este modelo —subrayan desde el Ejecutivo local— el Partido Popular ha mantenido una campaña de descrédito hacia la EMV y hacia las políticas públicas de vivienda de Rivas, alineándose con el modelo de especulación y fondos buitre que defienden en la Comunidad de Madrid.
En esta línea, la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, ha destacado que “el modelo de Rivas demuestra que se puede hacer vivienda pública sin especular, sin subir de manera obscena los alquileres como ocurre con el plan VIVE y sin regalarle las viviendas a fondos buitre”.
Y es que la EMV de Rivas es la empresa municipal con mayor número de viviendas en alquiler asequible en términos relativos de toda la Comunidad de Madrid y cumple una función central en la garantía del derecho a la vivienda, especialmente para la juventud. De hecho, tras la próxima entrega de las 83 viviendas públicas para jóvenes, construidas en la avenida de Pilar Miró, el parque municipal de alquiler alcanzará las 758 viviendas. Se trata de viviendas de alquiler asequible, cuyos precios oscilan entre los 300 y 600 euros, muy alejados de los 1.000 o 1.200 euros mensuales que se pagan en otros municipios gobernados por el PP.