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El Ayuntamiento de Algete ha recibido una notificación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid una vez examinada la auditoría sobre los años entre 2014-2017. Tanto el informe de la Cámara de Cuentas con las distintas irregularidades (se puede consultar en el siguiente enlace), como la notificación actual (que puede descargarse en el siguiente enlace), han sido entregados a los distintos grupos municipales de la actual corporación, incluidos quienes ostentaban el equipo de Gobierno en las legislaturas auditadas para que puedan presentar alegaciones.

A partir de ahora, se abre un procedimiento con diligencias previas por presunta responsabilidad contable. Las irregularidades y presuntas ilegalidades relacionadas en el informe tales como:

  • En 2017 el Ayuntamiento no aporta la documentación justificativa de los gastos ni la aprobación de la cuenta justificativa para una reposición de fondos de 1268, 11 euros.
  • El saldo confirmado por una de las entidades financieras en su respuesta para el ejercicio 2015 en una de su cuenta, difiere del saldo contabilizado por el Ayuntamiento confirmado con un extracto bancario de la propia entidad. En concreto una diferencia no conciliada de -4835,06.
  • Indemnizaciones por despido superiores a las legalmente correspondientes.
  • Tres facturas por un importe de 10.434,67 (finales 2016) por los servicios prestados por el servicio de correos no recibieron el visto bueno de ningún técnico ni coordinador, reconocidas en última instancia por un informe de intervención. Por lo tanto, sin que se haya verificado la correcta prestación del servicio.
  • No consta conformidad en la factura por el servicio de recogida residuos sólidos urbanos junio 2014 por importe de 80.831, 98.
  • Sustitución de climatizadora de la Casa de la Juventud por 15.736, 17 euros sin constar firma de conformidad en la factura que soporta la inversión. Finales 2017.

El Ayuntamiento de Algete acepta la apertura de diligencias y se personará como parte perjudicada en el procedimiento en el que se puedan dirimir las presuntas ilegalidades en términos de responsabilidad contable con la gestión de dinero público.

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