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La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar la  seguridad jurídica asociada al derecho a la propiedad, que se ve gravemente  afectado por el fenómeno de la okupación. Para analizar la aplicación de la  nueva legislación en materia de desahucios, el consejero de Vivienda y  Administración Local, David Pérez, ha participado hoy en un encuentro en el que  ha estado presente la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, y  magistrados adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Todos  ellos han analizado el perjuicio que causa la okupación, que en numerosas  ocasiones afecta también al parque público regional de vivienda social.  

Pérez ha constatado que “cuando se ocupan viviendas públicas, o se  suspenden lanzamientos, si no se recuperan de manera inmediata, no se  pueden adjudicar a los legítimos demandantes, que sí han acreditado  encontrarse en situación de vulnerabilidad, con lo que se reduce el número  potencial de adjudicaciones”. La ley nacional en esta materia establecerá que el  mecanismo de compensación en favor de los arrendadores afectados por las  suspensiones extraordinarias de lanzamientos, tal como ya se ha avanzado en  su borrador, se cargará al Plan Estatal de Vivienda. Teniendo en cuenta que las  CCAA ya tienen comprometido este presupuesto, es imprescindible buscar otras  alternativas para su financiación.

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