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La Comunidad de Madrid facilita el teletrabajo de funcionarios y profesionales de la Administración de Justicia con la entrega de  ordenadores portátiles con conexiones seguras a las plantillas de los distintos  juzgados de la región, proceso que se inició el pasado mes de febrero en el  partido judicial de Alcalá de Henares.  

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha acudido hoy al  Tribunal Superior de Justicia de Madrid para oficializar la entrega de 31 de estos  nuevos equipos: once para letrados de la Administración General de Justicia; 17  para jueces y magistrados, y tres para fiscales. 

En este plan de adquisición de equipos informáticos para los profesionales de la  Administración de Justicia, el Gobierno regional ha invertido un total de cuatro millones de euros. Una cifra que permitirá a las plantillas de los 21 partidos  judiciales de la región contar con la modalidad del teletrabajo como una  alternativa eficaz al trabajo presencial. 

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA 

Como ha explicado Enrique López, con esta iniciativa se “materializa el  compromiso de la Comunidad de Madrid en la modernización de la Justicia, un  servicio esencial que debe seguir operando ante situaciones que, como la  pandemia o la tormenta Filomena, dificulten la presencialidad de los  trabajadores”. Según el consejero, “con estas medidas mejoramos el bienestar y  la eficiencia de los trabajadores de los juzgados madrileños, así como su conciliación laboral y familiar”. 

Los 4.000 ordenadores portátiles que la Comunidad de Madrid entregará a lo  largo de 2021 al personal de la Administración de Justicia vienen a sumarse a  los más de 1.600 que el Gobierno regional ya ha puesto a disposición de todos los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la región para que puedan  teletrabajar en caso de necesidad. 

A finales del año pasado, un 30% de la plantilla de las sedes judiciales  madrileñas ya podía acogerse a la modalidad de teletrabajo, gracias a que el  Ejecutivo autonómico ya les había proporcionado licencias digitales de  herramientas que permiten a los profesionales de las sedes judiciales el acceso  remoto a los sistemas corporativos.

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