La Comunidad de Madrid ha evaluado en los dos últimos años a 465.535 personas mayores de 70 años para potenciar su autonomía y frenar el avance de un posible deterioro funcional. Su realización se ha incrementado progresivamente con la normalización asistencial posterior a la pandemia del COVID-19, al igual que las mediciones para la detección precoz de la fragilidad que, en el mismo periodo, ascendieron a 187.839. Muchos de ellos han sido sometidos a ambas pruebas.
Estos exámenes los ejecutan, con carácter general, los profesionales de Enfermería. En el primer caso, se encargan de valorar si el usuario necesita ayuda para actividades cotidianas como comer, desplazarse, vestirse o cuidar su aseo personal. Para ello, utilizan el denominado Índice de Barthel que determina si presenta algún grado de deterioro funcional.
En el segundo, evalúan situaciones de debilidad y riesgo de caída en personas independientes o con dependencia escasa. Para ello, se registra la velocidad de la marcha, el equilibrio o la capacidad para levantarse de una silla. El objetivo, en este caso, es evitar posibles fracturas y otras complicaciones.