· El objetivo es trabajar de manera conjunta para garantizar su rentabilidad y viabilidad, así como proteger a sus profesionales
·Se insta a que todos los países cumplan los mismos estándares medioambientales, sociales, de control y trazabilidad, garantizando de este modo la seguridad alimentaria y la autosuficiencia
15 de enero de 2026.- La Comunidad de Madrid ha suscrito hoy un pacto para
proteger y defender al sector primario regional tras el acuerdo de la Unión
Europea y Mercosur. En el marco de esta iniciativa, el consejero de Medio
Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha mantenido una reunión con los
representantes de ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión
de Cooperativas Agrarias Madrileñas.
Este documento recoge el compromiso del Ejecutivo autonómico y de las
asociaciones firmantes de trabajar de manera conjunta para garantizar la
rentabilidad y la viabilidad del sector. Todos ellos han advertido del riesgo que
supondría depender de terceros países para el suministro de alimentos sin que
se les exijan los mismos requisitos sanitarios. Con el fin de garantizar su
cumplimiento, se reforzarán los controles en frontera y las inspecciones en los
países de origen.
El consejero Novillo ha defendido la posición de la Administración madrileña a
favor de una Política Agraria Común sólida “con una financiación adecuada y
orientada a un modelo productivo justo”. Por su parte, los productores han
manifestado su inquietud respecto a las medidas de salvaguarda, lo que ha
llevado a acordar la exigencia de garantías efectivas que incluyan
compensaciones operativas cuando resulte necesario.
Asimismo, se ha establecido que la ratificación del acuerdo entre la Unión
Europea y Mercosur esté supeditada al respeto de la reciprocidad normativa.
Novillo ha insistido en que “nuestros agricultores necesitan competir en igualdad
de condiciones para evitar desequilibrios en la producción europea que pongan
en peligro su trabajo”. Así, se ha pactado que todos los profesionales cumplan
los mismos estándares medioambientales, sociales, de control y trazabilidad, garantizando de este modo la seguridad alimentaria y la autosuficiencia con
importaciones equitativas en ambas direcciones del Atlántico.