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La iniciativa, impulsada por PDeCat, con el objetivo de acelerar el proceso y agilizar el fin de las ocupaciones ilegales de viviendas, ha sido aprobada sin los apoyos de PSOE, ERC y Unidos Podemos. La proposición ha sido trasladada al Senado para completar su tramitación.

La medida apoyada por el PP, C´s, PNV y PDeCAT se define como una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil «en relación con la ocupación ilegal de inmuebles», pese a que en un primer momento fue presentada como una modificación para regular «un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social».

Hasta ahora, el proceso de desocupación podía alargarse hasta dos años, sin embargo, con esta medida se podrá culminar el desahucio en un máximo de 20 días.

Durante el debate, la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha afirmado que este cambio constituye “un paso adelante” para acabar con el negocio de las mafias que se aprovechan de personas en situación vulnerable y les cobran para ofrecerles un piso por ocupar. “Ahora lo pueden hacer porque pagan por un piso donde estarán dos años, pero con el procedimiento sumario no tiene sentido porque nadie pagará por dos meses”, ha destacado a la diputada.

PSOE, ERC y Podemos no comparten esta medida. La diputada del grupo socialista Mercè Parera ha criticado que no se garantiza un acceso a la vivienda y que acortar el procedimiento “favorece los agentes y fuentes de inversión”.

Derecho a la vivienda

El texto presentado señala que “la okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, no puede ser tampoco la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda”. En este sentido, la reforma legal quiere incluir la posibilidad de interponer un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente.

Además, la medida recoge que la Administración tiene que asegurar «un parque de vivienda social que permita atender de manera ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares de exclusión social».

 

 

 

 

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