Izquierda Unida y Somos Majadahonda han presentado en el pasado Pleno del mes de marzo una moción para que se haga una auditoría externa pública de la concesión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Majadahonda, que ha sido aprobada con el voto a favor de IU, Somos, CMj, PSOE y C´s y el voto en contra del PP.
El objetivo es verificar el grado de cumplimiento de las condiciones contractuales y de los plazos, las mejoras ofertadas y su cumplimiento, el coste real del servicio, las posibles irregularidades, el dimensionamiento y las condiciones de la prestación del servicio, el estado y uso de las instalaciones, los usos de los vehículos y de la maquinaria y las condiciones de trabajo del personal.
La auditoría debería proponer también posibles mejoras e indicadores para su seguimiento y un sistema de control del servicio.
«Hemos presentado en repetidas ocasiones iniciativas para que el Equipo de Gobierno controle el cumplimiento de los contratos con las empresas privadas sin que se nos haga caso e incluso hemos tenido que acudir en dos ocasiones a los juzgados con temas relacionados con el contrato de este servicio. Tenemos el ejemplo de otros municipios que extremando el control han descubierto como algunas empresas adjudicatarias les estaban sobre-facturando cantidades millonarias por servicios que no estaban prestando» afirma el portavoz de Izquierda Unida, Juancho Santana.
Desde el mes de mayo de 2012 es la empresa Valoriza la que gestiona el servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en Majadahonda. El coste inicial de su contrato con el Ayuntamiento por 10 años era de 62.091.812 € (IVA excluido), pero después de varias modificaciones posteriores el coste asciende a 6.700.000 € anuales A juicio de IU y de Somos Majadahonda, la ejecución del contrato por parte de la empresa está plagada de incumplimientos, denunciados permanentemente en el Pleno Municipal sin que el gobierno del PP haya tomado ninguna medida al respecto.
En este tiempo, Valoriza no ha puesto a disposición del servicio los medios técnicos en los plazos estipulados; ni ha llevado a cabo las mejoras y otros servicios ofertados en los tiempos marcados, ni ha ejecutado todavía la estación de carga de gas que era la obligación con un gasto mayor.
Por otra parte, la empresa ha cometido graves irregularidades. El caso más claro fue la prestación de servicios privados en la urbanización La Finca con vehículos municipales, lo que tuvo como consecuencia la imposición de una sanción muy grave de 700.001 € por parte del Ayuntamiento.
