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La portavoz de Ciudadanos (Cs) Fuenlabrada, Patricia de Frutos, ha asegurado que la formación naranja votará «no» a la Cuenta General 2021 presentada por el gobierno municipal ante un claro ejercicio de «opacidad, afán recaudatorio y endeudamiento. En otras palabras, este gobierno gasta más en partidas que no tienen al vecino como destino final, utiliza al fuenlabreño como cajero automático al que acudir para sufragar sus gastos mediante los impuestos y sigue sin planificar, organizar ni comunicar debidamente el devenir de contratos mayores, así como gastos sin destino convenientemente explicado». 
La líder de la oposición ha puesto números a los argumentos comenzando con «una deuda viva de la ciudad que roza los 50 millones de euros, lo que supone un incremento de 11 millones de euros en sólo un año. Hay cuotas de urbanización pendientes de cobro de más de 800.000 euros, al borde de la prescripción con el consiguiente perjuicio para el erario. Y, por supuesto, no hay tampoco ni seguimiento ni información sobre las recepciones de los contratos de obras, servicios y suministros que no sean contratos menores y sí susceptibles de comprobación de material». 

No hay que olvidar, continúa De Frutos, «la cuenta 413, el cajón de sastre -y desastre- donde este gobierno arroja facturas de todo tipo de difícil justificación y pendientes de aplicar al Presupuesto con un importe que no es baladí: casi 3 millones de euros.¿Se imaginan a un ciudadano o comunidad de vecinos, por ejemplo, que hubieran gastado tres millones de euros de un Plan de Rehabilitación, por poner un ejemplo de dinero público, sin justificación ni transparencia alguna?», se pregunta la edil. 

Sin olvidar el capítulo de devolución de ingresos indebidos, «otra chapuza económica de este gobierno municipal que, rechazando toda advertencia de la oposición y de bancadas como la nuestra, cobró erróneamente varios Impuestos de Actividades Económicas que le ha costado a las arcas fuenlabreñas más de 2 millones de euros». 

La portavoz naranja señala «un nuevo ejercicio de opacidad y falta de transparencia como demuestra que una parte de las obligaciones reconocidas en 2021 se tramitó con omisión de la función interventora, es decir, mediante expendientes de convalidaciones de gasto y reconocimientos extrajudiciales de crédito motivados por la falta de planificación y tardanza a la hora de aprobar contratos. Una práctica habitual ya en el equipo de Gobierno socialista, el llegar tarde y mal en las contrataciones con dinero público implicado y una información de su uso que brilla por su ausencia». 

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