El Ayuntamiento de Leganés ha celebrado este viernes un Pleno extraordinario en el que se ha debatido el pago de facturas pendientes a empresas y proveedores por un valor total de 1.304.526 euros. La propuesta del equipo de gobierno, encabezada por la concejala de Hacienda, María Estévez, ha sido rechazada por los grupos de oposición, PSOE, Más Madrid, Podemos y VOX, que han votado en contra de todos los pagos.
Las facturas, correspondientes a los años 2015 a 2024, incluyen gastos por reparación de electrodomésticos en Escuelas Infantiles, suministros de energía eléctrica y gas, así como pagos a comunidades de propietarios y servicios de colaboración en la gestión recaudatoria.
La concejala de Hacienda ha criticado la postura de la oposición y ha advertido sobre las consecuencias de este bloqueo:
“Volvemos a este Pleno con facturas ya rechazadas en sesiones anteriores sin que la oposición haya dado ninguna explicación. Insistiremos para lograr su aprobación y que se pague a estas entidades y empresas. Estos impagos están judicializados, lo que genera intereses en contra del Ayuntamiento y de nuestros vecinos, además de elevar el Periodo Medio de Pago a Proveedores”, ha señalado Estévez.
Facturas rechazadas
Durante la sesión, se votaron distintas propuestas de pago, todas ellas desestimadas con los votos a favor de PP y ULEG, y el rechazo de los grupos de oposición. Entre las facturas destacadas se encuentran:
- Suministro de energía eléctrica: 787.473 euros a Endesa y 49.985 euros a Curenergía por facturas de 2023.
- Suministro de gas: 14.021 euros a Gas Natural por consumos de 2022 y 2023.
- Servicios de colaboración en la gestión recaudatoria: 442.208 euros a Servicio de Colaboración Integral SL.
- Gastos de comunidades de propietarios: 5.219 euros por cuotas impagadas de 2018 a 2022 en la Calle Antonio Machado.
- Reparación de electrodomésticos en Escuelas Infantiles: 3.453 euros a IGDOR SL (2022) y 782 euros a Grupo Cofrytec SLU (2024).
Con este nuevo rechazo, el futuro de estas facturas sigue en el aire, mientras el Ayuntamiento enfrenta un aumento de intereses y posibles consecuencias legales por los impagos acumulados.