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El pasado lunes, Mirina Cortés, portavoz del Partido Popular en Móstoles, municipio con más habitantes después de la Capital en la Comunidad de Madrid, concedió una entrevista en Globo FM con la intención de hacer balance y comunicar a la audiencia su punto de vista sobre la gestión y situación de su localidad.

“Según los últimos datos, la tasa de IA es de 295 casos confirmados por 100.000 habitantes, es decir, se evidencia una tendencia a la baja”, afirmaba. Su visión de Móstoles ante la crisis del coronavirus evidenciaba un sentimiento positivo y añadía: “en Madrid se prima por seguir reforzando nuestro sistema sanitario”.

Sin embargo, haciendo referencia al resto de menesteres y tras la reunión de concejales, hacía especial referencia a su sentimiento “pesimista”: “el PSOE se resiste a que los mostoleños tengan una tasas y una bajada de tasas fiscales que les están asfixiando”. “Hicimos unas modificaciones para las ordenanzas que tiene tanta importancia en el discurrir de este 2020. Pero el gobierno solo ha aceptado la tasa de terrazas y veladores”.

Asimismo, el principal partido de la oposición mostraba su descontento ante la previsión para el Impuesto de Bienes Inmuebles, ya que como, argumentaba la señora Cortés, no ven la luz en la bajada real del IBI para 2021. “Los mostoleños somos los cuartos en Madrid en presión fiscal”, explicaba.

En referencia a la actualidad y con respecto a la nueva Ley Celaá, demostraba su desconformidad, ya que, según la portavoz, merma la enseñanza, priva a los estudiantes de un derecho constitucional: aprender español en su tierra, y cercena la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial que es el objetivo de la izquierda.

De igual modo, siguiendo en esta línea, la señora Cortés explicaba, a título personal, que el sistema de autonomías es el correcto, pero que se producen brechas de desigualdad para las cuales el Gobierno de la nación no intercede. Esta nueva Ley lo que promueve es la restricción de derechos y libertades, atacando la libertad de la enseñanza pública, añadía.

En contraposición, y centrándose en el Ayuntamiento de la localidad, salía a la luz la existencia de contratos menores que “presuntamente fueron adjudicaciones a dedo” donde se evidenciaba un intrusismo laboral. “Vivimos una situación realmente preocupante. Se han realizado dos registros en el Ayuntamiento de Móstoles en apenas 2 meses. Todo apunta a un presunto delito de eludir la libre concurrencia”, explicaba Mirina. Actualmente sigue abierta la investigación y se les atribuye presuntos delitos de caudales públicos, malversación de fondos, prevaricación y falsedad de documentos públicos.

Y, por último, pero no menos importante, hace referencia al Plan Vive y al asentamiento “ilegal” del poblado de las Sabinas. Dicho plan hace referencia a una construcción de pisos dirigidos a jóvenes menores de 35, a mayores de 65 años y a personas con diversidad funcional. La portavoz argumentaba: “en Móstoles estamos en una situación muy muy complicada. Generaciones de jóvenes se ven abocados a marcharse a otros municipios o personas que habían fijado su lugar de residencia en Móstoles no pueden hacerlo, porque la escasez de vivienda hace que los precios no estén al alcance de la mayoría”.

Para Las Sabinas: “hemos instado con urgencia al Gobierno municipal, que acelere la firma del nuevo convenio que ha propuesto la Comunidad de Madrid, para continuar con el realojo de las familias que viven en el asentamiento ilegal de Las Sabinas. Hasta el momento han invertido más de 14 millones en el desmantelamiento. EL Ayuntamiento aportó 4. Pero el Gobierno Local no ha dado respuesta alguna”.

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