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El Ayuntamiento de Navalcarnero ha sido condenado a pagar 155.383,54 euros en concepto de intereses por un retraso en el pago de certificaciones a una constructora durante la anterior legislatura, cuando gobernaba el Partido Popular.

Los hechos se remontan al 6 de noviembre de 2014, fecha en la que la empresa Grupo Velasco S.L. presentó ante el Consistorio una reclamación de 180.224,91 € en concepto de intereses de demora por el pago tardío de certificaciones por las obras de remodelación del viario y zonas verdes en el Barrio del Olivar. El Gobierno del Partido Popular hizo caso omiso a dicha reclamación, lo que motivó que la empresa presentara una demanda judicial.

Tras la defensa jurídica del Ayuntamiento en apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, fijando la condena para el Ayuntamiento en la cantidad de 155.383,54 €, a la que habrá que sumar las costas judiciales.

 

También con sobrecostes

Cabe señalar que las obras de remodelación del viario y zonas verdes en el Barrio del Olivar fueron adjudicadas al Grupo Velasco S.L. por el entonces Gobierno en enero de 2007 por importe de 5.500.000 euros, aunque las obras se dispararon a un importe total final de 8.951.722,69 euros tras tres modificados de obra.

Estos sobrecostes presentan numerosas irregularidades, tal y como ha certificado la propia Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su informe de fiscalización de los ejercicios 2007 y 2008 (páginas 76 y siguientes). Entre ellos la insuficiente justificación de las necesidades de contratación; la ausencia de estudios económicos de la estimación del importe del contrato atendiendo a precios de mercado; la falta de informes de supervisión del proyecto; y la carencia, también, de informes de Intervención que identifiquen los extremos de legalidad.

El organismo fiscalizador señala también que en este contrato habían prevalecido los criterios que dependen de un juicio de valor sobre los objetivos o de valoración automática, sin que el precio o la economicidad de la proposición fuera un criterio relevante para la adjudicación de los contratos. De hecho, para estas obras se presentaron 35 ofertas, de las cuales, 25 eran más económicas que la que finalmente resultó adjudicataria (incluso alguna de ellas 1,2 millones de € más económica).

Para otorgar la adjudicación al Grupo Velasco se adoptaron criterios de adjudicación subjetivos en los que primaba el plazo de ejecución de la obra, aunque estos fueron incumplidos sistemáticamente -de hecho el plazo de adjudicación de esta obra fue de 8 meses y se demoró su ejecución en más de 42 meses-, sin que se exigieran las penalidades previstas en los Pliegos, incumplimiento de las condiciones pactadas e insuficiente control del seguimiento de la ejecución por los servicios técnicos municipales.

Existen otras irregularidades también detectadas por la Cámara, como es el incumplimiento de las condiciones de precio, la falta de nombramiento de un representante del órgano de contratación para realizar el seguimiento y control de los trabajos de dirección de obras o para intervenir en la emisión de las certificaciones.

Tampoco existieron informes de los técnicos municipales de Navalcarnero sobre las causas de la modificación del proyecto y, en particular, sobre la posibilidad de que estas modificaciones obedezcan a vicios o inexactitudes de los proyectos de ejecución que pudieran generar responsabilidad en sus autores. De hecho, se tramitaron las modificaciones cuando las obras deberían haber estado concluidas, sin que se suspendiera la ejecución formalmente mediante un acta, suscrita al efecto, sin informe jurídico sobre la procedencia de la modificación de los contratos de obras celebrados y el procedimiento que debe observarse para ello, aunque resultaba preceptivo.

Tampoco se cumplieron los plazos legales para pagar las certificaciones de obra, recibir formalmente las obras ejecutadas y pagar la liquidación.

En definitiva, incumplimiento en la determinación del objeto del contrato que afecta a los principios, de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia que deben salvaguardarse en las licitaciones públicas.

 

http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/aprobado-cjo-270417.pdf

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