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El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación elevar a una próxima sesión la aprobación inicial de una Ordenanza fiscal para cobrar una tasa por la utilización del suelo público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

La proposición, presentada por Mover Parla, insta, según ha afirmado su portavoz, Beatriz Arceredillo “a la Junta de Gobierno a aprobar de forma urgente el proyecto de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”, que ya fue aprobada en febrero de este mismo año.

Arceredillo ha justificado la petición para que sea “elevada a Pleno para su aprobación inicial con tiempo suficiente para garantizar la exposición al público de un mes y para resolver las posibles alegaciones, garantizando la aprobación definitiva durante el año 2017 y la entrada en vigor en el ejercicio 2018”.

Según la portavoz de Mover, esta tasa supondría “una fuente de ingresos constante de un millón y medio de euros cada año” para el Ayuntamiento de Parla.

 

Necesidad de modernizar las Ordenanzas fiscales

La concejala no adscrita Carmen Pumar ha solicitado “una aclaración del estado del proyecto al concejal del área, que sirva para dar validez a una proposición que, en cualquier caso, justifica su redacción en la necesidad de aclarar y acelerar el proceso de aprobación de la Ordenanza para conseguir un incremento en la recaudación de este Ayuntamiento”.

Pumar ha añadido que “sería de agradecer por parte de todos nosotros, y de la ciudadanía, una modernización del resto de Ordenanzas fiscales del municipio que ayudara a una mejor y más justa recaudación”.

 

Los ingresos garantizan los servicios públicos

Por su parte, el portavoz de IUCM-LV, Jesús Saiz, ha coincidido en que “hay que hablar de los ingresos de este Ayuntamiento porque los ingresos son los que garantizan los servicios públicos. Y voy a leer, no es de mi pluma, es del interventor, dos cuestiones que son especialmente graves, que vienen a cuento de la propuesta en cuestión: se siguen sin adoptar propuestas que refuercen la recaudación voluntaria y ejecutiva”.

Saiz ha recordado que “tampoco se han puesto en marcha medidas para potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados, o analizar los servicios prestados por el Ayuntamiento a sus ciudadanos para conocer el coste de éstos y tomar decisiones tan necesarias como la financiación de los mismos mediante tasas y precios públicos. No se llevan a cabo por este Ayuntamiento desde el comienzo de la crisis estudios económicos que sirvan de fundamento para la modificación de las Ordenanzas de estas tasas y precios”.

 

A la espera de conocer los informes de la FEMP y la consultora

En su intervención, el portavoz adjunto del PSOE, Víctor Ruiz, ha manifestado que “como ya remarcamos, en esta propuesta de una nueva tasa, no se decía cuánto se va a ingresar ni se dice de qué manera. Esa propuesta lo único que pedía era que se estudiara por los técnicos. Los socialistas ya dijimos que el concepto nos parecía bien, pero que del contenido, dado que no existía, no nos podíamos pronunciar  y por eso nos abstuvimos”.

Según Ruiz, “se nos dijo por parte del Gobierno en comisión informativa  que ya se disponen de todos los informes técnicos que indican que es viable la implantación y que se está sólo esperando para su aprobación a que se les conteste por parte de la FEMP si se tiene que pagar o no por uno de esos informes de una consultora”.

 

Uno de los primeros municipios en aprobar una Ordenanza de este tipo

La concejala de Cambiemos Parla, Ana María Álvarez, ha recordado que “esta propuesta se presentó en el mes de febrero. Fuimos uno de los primeros municipios que aprobó en Pleno realizar una Ordenanza fiscal tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo que avalaba a ciertos municipios, que ya la tenían con anterioridad, a que podíamos efectuar este tipo de Ordenanzas fiscales para cobrar el uso del suelo público a las hidroeléctricas,  a las empresas de energía y a las empresas de agua”.

“Fue este grupo municipal quien exigió que pusiéramos un tiempo para que esta Ordenanza fiscal estuviera aprobada antes del 31 de diciembre, que es lo que marca la Ley”, ha concluido Álvarez.

 

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