En Serranillos del Valle ha tenido lugar el segundo caso en la historia de España en el que se condena a prisión a una interventora municipal.
En la pasada legislatura (2015-1019), el recién llegado gobierno de TDS en aquel momento del Ayuntamiento de Serranillos del Valle se encontró con una deuda de más de 18 millones de euros, ¿De dónde venía tan semejante deuda? La concejalía de hacienda en un laborioso trabajo depuró una por una todas las facturas impagadas de las que disponían y las que se habían pagado en los últimos años, descubrió (entre otras cosas) facturas duplicadas, facturas que no correspondían a su facturación, facturas que ya se habían pagado y que se estaban reclamando y como en este caso facturas falsas.
Durante la revisión exhaustiva realizada por el nuevo gobierno encabezado por el alcalde de Serranillos del Valle (Iván Fernández) de las diferentes facturas que tenía el Ayuntamiento a su disposición, hubo algo que llamó especialmente la atención, ya que encontraron una factura que se había incluido en el año 2.012 en el Plan de pago a proveedores que sacó el Estado a través del Ministerio de hacienda en ese momento. El hecho que llamo concretamente la atención de estas personas, fue que la interventora (que responde a las iniciales de B.M.A.) había incluido dentro del listado de facturas que estaban pendientes de pago en ese momento, una factura de un informático que prestaba servicio en Moraleja de Enmedio, y casualmente la interventora era titular de este mismo municipio y prestaba servicio extra como acumulada en Serranillos del Valle.
Este informático trabajaba tanto en Moraleja de Enmedio como en La mancomunidad de servicios del Suroeste, donde el alcalde de ese municipio en ese momento también era el presidente de la mancomunidad, Carlos Estrada. Este informático presentó una factura por valor de 35.000 euros al Ayuntamiento de Serranillos del Valle pese a que nunca había prestado servicios en este ayuntamiento.
Desde el Ayuntamiento, se pusieron en contacto con este informático y se le envió un escrito donde se explicaba que el Ayuntamiento de Serranillos del Valle había detectado esta situación y se le exigió la devolución de este dinero por un cobro indebido, ya que entendían que esa factura no correspondía y se pagaría por algún tipo de “error”. El informático en cuestión, contestó con un escrito muy bien redactado, que probablemente habría sido escrito por alguien con mucha más capacidad jurídica, según explicó en su día en este medio de comunicación el actual alcalde Iván Fernández, por lo que se decidió proceder a la vía ejecutiva y así proceder a embargar lo que se pueda que embargar en estos caso.
Con el tiempo, debido a que el informático en cuestión no procedía a la devolución del dinero, el importe con intereses iba aumentando y se le nombran sus bienes para embargar. Finalmente ante la presión, el informático decidió confesar. En dicha confesión explicó que la idea fue de la interventora que había detectado un vacío en el sistema de Hacienda para incluir una factura inexistente y repartirse el dinero.
Según palabras textuales de este informático en las declaraciones, él se había quedado con 5.000 euros y había dado 30.000 euros a al interventora en su domicilio (en Leganés), esto lo confesó delante del secretario municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle que levantó acta como fedatario público para que de inmediato el departamento jurídico del ayuntamiento enviara las declaraciones junto a la demanda penal a los tribunales.
La Audiencia provincial dictó sentencia, condenando a 3 años y 1 día de cárcel y 6 años de inhabilitación (aparte de la sanción económica civil), además de devolver el dinero al Ayuntamiento con los intereses correspondientes. La interventora hizo un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que finalmente fue desestimado, para acto seguido realizar recurso de casación al supremo, que este año 2.023 se ha desestimado con un argumento que no deja lugar a dudas, de 28 folios, haciéndose firme la sentencia.
Por su parte al informático en cuestión ha sido condenado a 1 año y 7 meses de prisión ya que se ha tenido en consideración su colaboración con la justicia, así como su arrepentimiento.