La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña y ha reclamado que la Comunidad de Madrid no tenga que asumir el coste de los acuerdos alcanzados.
Durante su intervención, Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de utilizar recursos públicos para garantizar su apoyo político en Cataluña y ha criticado la concesión de nuevas competencias y partidas presupuestarias a esta comunidad.
“Para comprar su permanencia en Cataluña primero ha decidido que desde aquí paguemos cualquier dispendio y destinar el dinero de todos los ciudadanos a financiar fabricar una nación paralegal donde nunca la ha habido”, ha afirmado la presidenta madrileña.
Ayuso también ha defendido que la Comunidad de Madrid debe tener un papel ante lo que considera una posible ruptura de la soberanía y la unidad territorial de España. “Madrid tiene todo que decir ante la ruptura de la soberanía y la unidad territorial de España”, ha señalado.
En este contexto, la presidenta madrileña ha asegurado que las medidas tendrán un impacto económico para los madrileños y ha cifrado en 800 millones de euros anuales la cantidad que, según sus estimaciones, supondría para la Comunidad de Madrid la financiación derivada de los acuerdos con Cataluña.
“Este Gobierno no va a dejar pasar por alto la factura que le pretenden endosar a las familias madrileñas”, ha advertido.
Durante su intervención, Ayuso también se ha referido a una supuesta adquisición inmobiliaria vinculada al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. La presidenta madrileña ha afirmado que Illa pretende adquirir un inmueble de uso residencial en la Comunidad de Madrid por 33 millones de euros, con seis plazas de garaje y más de 1.200 metros cuadrados.
Ayuso ha utilizado este asunto para cuestionar también los gastos y retribuciones asociados a los cargos públicos en Cataluña, asegurando que existen “sueldos vitalicios y todo tipo de emolumentos” que, según ha señalado, la mayoría de presidentes autonómicos no perciben.
La presidenta madrileña ha centrado parte de su intervención en reclamar una mayor igualdad entre comunidades y en defender los intereses económicos de los madrileños frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno central.