Díaz Ayuso alerta: «La Ley de Vivienda ha provocado la pérdida de 120.000 alquileres»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una contundente crítica contra la Ley de Vivienda, vigente en España desde hace dos años, y sus efectos negativos sobre el mercado del alquiler. Durante un acto celebrado hoy en la Real Casa de Correos, donde firmó un protocolo de actuación con los decanos de los colegios de abogados y procuradores para combatir la ocupación ilegal de viviendas, Díaz Ayuso alertó sobre la pérdida de 120.000 alquileres desde la entrada en vigor de esta normativa.

La dirigente madrileña calificó de “políticas bolivarianas” las medidas que, según ella, están llevando al país a retroceder décadas en avances sociales y económicos. “Cuando se aplican políticas bolivarianas sin ley, el resultado es siempre el mismo: apagones, escasez, mercado negro, huida de empresas e infiernos fiscales”, afirmó. En su opinión, esta legislación ha provocado un aumento del 26% en el coste de arrendar una vivienda y ha generado una dependencia del ciudadano hacia el poder público, mientras se subsidia y empobrece a los mejores.

Díaz Ayuso denunció además que “se normaliza el crimen y se criminaliza la vida normal”, en referencia a la problemática de la ocupación ilegal. “Se premia a quien delinque y se castiga a las familias que son víctimas de ocupación”, subrayó. La presidenta madrileña hizo un llamamiento para que España deje atrás esta situación que, advirtió, está causando un daño irreparable.

El protocolo firmado hoy entre la Comunidad de Madrid y los colegios profesionales busca establecer mecanismos legales y prácticos para defender los derechos de los propietarios y hacer frente a la ocupación ilegal, un problema que Díaz Ayuso considera una consecuencia directa de la actual legislación en materia de vivienda.

Con estas declaraciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid pone el foco en una problemática que afecta a miles de familias y arrendadores en España, evidenciando la tensión social y económica que ha generado la Ley de Vivienda desde su implantación.