El Consejo de Gobierno ha acordado el envío de un requerimiento al Gobierno central para que anule por invasión de competencias un contrato aprobado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2.030, que pretende desarrollar el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia, para crear un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados. Esta decisión del Ejecutivo autonómico es el paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid recuerda en el informe sobre este particular que el contrato denominado Servicio de asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas vulnera la competencia exclusiva autonómica en materia de protección y tutela de los menores.
Las atribuciones que se arroga el Gobierno central a través del programa que quiere poner en marcha el Ministerio de Juventud e Infancia no son materia de gestión estatal y, en consecuencia, “la formalización de ese contrato constituye una intromisión, e incluso interferencia en las competencias autonómicas unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional”, según precisa la Abogacía General.
La Comunidad pide la anulación del servicio estatal de captación de familias acogedoras de menores tutelados
