Una nueva tasa gravará el uso del espacio público por parte de las empresas de telefonía fija tras la aprobación en el Pleno municipal. Se cumple así con la legislación comunitaria y se da cumplimiento a sentencias judiciales.
La nueva Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Titulares de Redes o Recursos de Telecomunicaciones Fijas se comenzará a aplicar en 2017. Se aplican a la hora de calcular este nuevo gravamen los mismos criterios fijados por la legislación para la telefonía móvil. Con la imposición de este canon tributarán las empresas titulares de las redes de telefonía fija y las distribuidoras.
El objetivo no es incrementar la recaudación sino superar un desequilibrio en el aprovechamiento del espacio municipal. El resto de empresas explotadoras de servicios de suministros como las del sector eléctrico o del gas, locales de hostelería con terrazas, garajes con vados y entidades bancarias con cajeros, entre otros pagan un canon por el uso de ese espacio, por lo que resultaba ineludible aplicar el mismo principio en el caso de la telefonía fija.
Sustituye a la tasa del 1,5%
Hasta 2016, el Ayuntamiento de Madrid contaba con una tasa que gravaba el 1,5% de los ingresos de facturación de empresas de suministros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Económico Administrativo Municipal anularon liquidaciones practicadas mediante ese canon para equiparar las empresas de telefonía fija a las de telefonía móvil, que estaban exentas de tributar por esta tasa. La tasa aprobada este miércoles, 28 de junio, en pleno sustituye el gravamen anterior en lo que respecta a la telefonía fija.
Debido a la citada anulación de las liquidaciones se estima que el Ayuntamiento dejará de ingresar unos 5,7 millones de euros en 2017. Con la nueva tasa la recaudación estimada total proveniente del pago de las empresas suministradoras de servicios de telecomunicación ascenderá a unos 18 millones de euros en 2018, lo que supone 1,6 millones de euros más que en 2016, de forma que el ayuntamiento tardará más de 3 años en recuperar la recaudación pérdida por la anulación de las liquidaciones de la tasa tradicional a las empresas de telefonía fija.