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El Gobierno aprobó el pasado viernes  un Real Decreto-Ley que regula la exhumación y el traslado de los restos del dictador Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos. El texto, que garantiza el derecho de la familia a participar en el proceso, establece que en Cuelgamuros sólo podrán yacer los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil para que se convierta en un lugar de “conmemoración, recuerdo y homenaje” a las víctimas de la contienda.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, explicó que no se puede perder “ni un solo instante” porque es “completamente inasumible” para una “democracia madura” que el dictador mantenga una “tumba de Estado” en el mismo lugar que yacen los restos de víctimas ambos bancos de la Guerra Civil. “Es una falta de respeto”, dijo.

Calvo agregó que, con esta decisión, el Gobierno avanza en el cumplimiento del contenido de la ley de Memoria Histórica, aprobada por los socialistas en 2007; de las recomendaciones del grupo de expertos aprobadas en 2011; de reiteradas peticiones de Naciones Unidas, y del pronunciamiento del Congreso de los Diputados en 2017, cuando no hubo ningún voto en contra de exhumar los restos del dictador y de trasladarlos a otros emplazamiento. “No hay ni una sola razón para que la democracia española no se sienta digna con esta exhumación”, apuntó.

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