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El pasado viernes 31 de marzo, se recibió en el Ayuntamiento la queja de varios vecinos y comerciantes de la zona de la Avenida de Valladolid porque los responsables del Centro Comercial el Zoco habían colocado una barrera prohibiendo el acceso al aparcamiento sito en dicha zona y que, aun siendo privado, es de uso público y, por lo tanto no puede proceder a cerrarse.

Ante la denuncia de algunos vecinos y comerciantes de la zona se personó la Policía Local y el aparejador municipal, a fin de trasladarles que la barrera levantada resultaba un acto claramente ilegal.

Dada la gravedad de la situación y la preocupación que entrañaba el tema, se personó el concejal responsable del área, Santiago Fernández, como suele ser habitual siempre que se plantea un problema grave en el municipio. El concejal estuvo además acompañado en todo momento por un técnico municipal y la Policía Local, en su intento de resolver el tema de la manera más conveniente, tanto para la propiedad como, muy especialmente, para los vecinos que aparcan sus vehículos habitualmente en este espacio, tanto en los días laborables como durante los fines de semana.

El Concejal de Urbanismo se dirigió a la presidenta del centro comercial para indicarle que la instalación realizada no contaba con la licencia de obras correspondiente, instándole a mantener la barrera levantada y a presentarse en el Ayuntamiento el lunes siguiente para aclarar y resolver la situación creada.

En palabras de los presentes (el técnico municipal y la policía local) la actitud del concejal Santiago Fernández fue en todo momento respetuosa, conciliadora y con el sincero ánimo de resolver de forma cordial la situación, instando a la presidenta del Centro Comercial a personarse en el Ayuntamiento para solucionar con los técnicos y con la Secretaría lo más rápidamente posible el problema, llegando incluso a pedir disculpas en varias ocasiones, como máximo responsable del Área de Urbanismo, por la falta de contestación a la solicitud de la licencia de obras presentada.

Pese a que, tal como manifiestan los informes de los testigos presenciales, la actitud fue en todo momento conciliadora, la presidenta del Centro Comercial presentó denuncia penal por coacción y amenazas contra el concejal de Urbanismo ante la Guardia Civil de Torrelodones, asegurando ante los medios que cuenta con todos los permisos en orden y que es el concejal el único que se niega a que se realice el cerramiento.

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