Por una presunta Prevaricación y Desviación de Poder que causa el Ayuntamiento ante la tramitación de un expediente de Licencia de obras
La Cooperativa ‘Residencial El Soto de Móstoles’ ha decidido emprender el camino de la justicia contra la administración dirijida por la alcaldesa socialista Noelia Posse.
Desde el Ayuntamiento se han negado a atender al medio y a dar explicaciones
Los hechos se remontan al pasado 10 de julio de 2018, cuando dicha Cooperativa solicitó la pertinente Licencia de Obras para un edificio de 61 viviendas con Protección Pública. Una licencia que nunca ha llegado ya que los técnicos y responsables públicos no han contestado a dicha solicitud durante varios meses, produciéndoos por ende una negación administrativa de la misma y provocando innumerables daños y perjuicios a una Cooperativa que había pagado las tasas pertinentes al Ayuntamiento y había cumplido con los requerimientos que este le había hecho para poder seguir adelante con el proyecto urbanístico.
Se trata de un Proyecto de marcado carácter social, para resolver el problema de primera vivienda a 61 familias que deciden su promoción mediante el modelo cooperativo como medio para conseguir el mayor ahorro posible; única vía para alcanzar una vivienda digna (tal y como recoge el art 47 de nuestra Constitución) a un coste asumible. Cualquier desviación en tiempos, cualquier retraso, y cualquier cambio, se traduce de inmediato en un encarecimiento, derivado en parte por los costes financieros que se producen, y la inseguridad que aparece en relación a la subida de los tipos de interés hipotecarios.
Por un lado, el nuevo Codigo Penal amplia la protección del ciudadano, sancionando las conductas del funcionario que maliciosamente retarde o niegue a cualquier persona la protección o servicios a que tenga derecho o la resolución de las cuestiones administrativas que le estén encomendadas.
Y es que los hechos se complican al conocer que según detallan desde la Cooperativa, les obligaban a pagar el propio impuesto por adelantado para comenzar los trámites, algo que es totalmente “inconcebible” según señalan desde la Cooperativa, pues la Licencia se paga una vez concedida, a lo que se negaron en rotundo y solo obtuvieron una respuesta de parte de los técnicos: “Son ordenes de arriba, de la Concejalía de Urbanismo”.
Todo esto ha provocado una demora en el procedimiento que podría dejar a más de 60 familias sin vivienda por los retrasos que está provocando la administración dirigida por la socialista Noelia Posse.
Por estos hechos la Cooperativa ha decidido interponer una querella no solo contra la alcaldesa como máxima responsable, sino también contra el Gerente de Urbanismo, Jesús Espelosín, y los responsables del Servicio de Licencias, así como del Área de Urbanismo y cuantas personas sean responsables de estos hechos.