La Audiencia Provincial ha condenado al alcalde de Casarrubuelos, Vicente José Astillero, y a su primer teniente de alcalde, Álvaro Sánchez, a un año y un mes de inhabilitación por haber contratado, en 2015, a un arquitecto para el Ayuntamiento, mediante la fórmula de “contrato menor [que ascendía a 500 euros al mes] y adjudicación directa”.
Vicente Astillero ha manifestado que “en 2015, la ley Montoro de estabilidad presupuestaria prohibía a los ayuntamientos endeudados sacar plazas”, por lo que no sabía cómo proceder. Y ha añadido que “si paro las funciones del Ayuntamiento también me pueden denunciar”.
Aun así, el tribunal entiende que se realizó de forma irregular y que no se tuvieron en cuenta los informes en contra del Secretario municipal, por lo que, asimismo, ha añadido el pago de una multa de 720 euros.
Sin embargo, el alcalde del municipio ha explicado que “la propia Audiencia Provincial nos absolvió en el mes de julio y el fiscal recurrió y ahora nos ponen esta condena”, y que, además, “no es un hecho aislado, hay más de 6000 ayuntamientos de España que están en esta situación”.
Por ello, el Ayuntamiento de la localidad ha recurrido comunicando las vías que van a seguir: “El propio recurso, después iríamos al supremo o incluso al constitucional o europeo”.
