· Los populares aseguran haber registrado más de un centenar de peticiones sin respuesta y solicitan amparo institucional
El portavoz del PP en Parla, Héctor Carracedo, acompañado por otros cinco concejales del Grupo Municipal, han acudido a la institución del Defensor del Pueblo para presentar una denuncia contra el alcalde y el equipo de Gobierno de la localidad. La iniciativa responde a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a más de un centenar de solicitudes de información registradas por los ediles populares.
Según señalan los populares, se trata de más de 100 informes relativos a asuntos de relevancia para la gestión pública y el interés de los vecinos de Parla, registrados desde 2024 hasta la actualidad, sobre los que, aseguran, no han obtenido contestación alguna. Entre otros asuntos, dichas solicitudes incluyen las facturas justificativas de los convenios del Ayuntamiento, los informes relacionados con la regularización de okupas que se estaría llevando a cabo en Fuenlabrada 75, así como informes técnicos sobre determinadas inversiones municipales.
Los populares hablan de “secuestro de información” y reclaman su derecho a fiscalizar: “Es clave para garantizar la transparencia y los intereses de los parleños”
Ante esta situación, el portavoz popular ha denunciado lo que considera un “secuestro de la información” por parte del Gobierno local (PSOE-Más Madrid). Por ello, han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo
para que medie y contribuya a desbloquear el acceso a estos datos. Y subrayan que “el objetivo es obtener una información que consideramos fundamental para garantizar la transparencia y defender los intereses de los vecinos”.
El derecho de los concejales a acceder a la información municipal está recogido en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que todos los miembros de la corporación tienen derecho a obtener del alcalde o de la Junta de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la entidad local y resulten precisos para el desarrollo de su función. Asimismo, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno refuerza este principio de acceso a la información pública.