El último pleno ordinario celebrado en Griñón ha servido, entre otras cuestiones, para aprobar la polémica propuesta que el equipo de Gobierno de la localidad llevó a pleno a finales de octubre del pasado año: la bonificación del 100% de la tasa de basuras. La oposición, que ha mantenido una postura firme sobre esta medida, ha tachado la propuesta discriminatoria con los industriales y comerciantes de la localidad, algo que el concejal Fernando Tejero ha tratado de desmontar presentando un estudio comparativo e incidiendo en el coste mínimo que esto supone para estos sectores: en el caso de grandes superficies comerciales sería de 4,10 € al día; para los locales dedicados a la restauración, de 0,68 € al día, y para el resto de comercios, de 0,27 € al día.
Así las cosas, PSOE y Somos Griñón han abogado por la eliminación, uno de los puntos que llevaba en su programa el partido independiente, y lamentan que no se hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas, más de 60, para intentar frenar su aprobación. Además, la oposición ha tachado de inaceptable la intervención del técnico del Ayuntamiento, actual secretario accidental, quien aprobó informes sobre los que inicialmente tenía dudas y, que tras estudiarlas, consolidaron el sentido positivo de los mismos.
El alcalde independiente, José María Porras, se ha mostrado satisfecho y ha comentado que “la tasa se podría haber eliminado, pero la bonificación nace con un espíritu incentivador para animar a los vecinos a que hagan uso del Punto Limpio, que, por otra parte, es su obligación”.
Una denuncia destapa un caso de filtraciones
Uno de los puntos más delicados del pleno llegó con los ruegos y preguntas. El Ayuntamiento de Griñón recibió una denuncia del exalcalde del municipio, José Ramón Navarro, en junio de 2017 por la celebración de un evento taurino en 2016. Denuncia por graves delitos como prevaricación o malversación de fondos públicos, entre otros, contra toda la junta de Gobierno, incluido el portavoz del PP, José Ignacio Castellanos, que ya ha quedado archivada y sobreseída. En su declaración, Navarro asegura que toda la documentación adjunta a la denuncia, datos protegidos (teléfonos, documentos oficiales, direcciones…), le fueron filtrados por la concejal no adscrita Virginia Cortés. El Ayuntamiento es conocedor del expediente de la denuncia, incluidas las declaraciones, al presentarse como implicado en la causa. Todo esto fue lo que comentó el alcalde desde la mesa plenaria dirigiéndose hacia la concejal no adscrita. Cortés, por su parte, aseguró en el pleno que no tenía nada que ver con el exalcalde, y que Navarro podría haber mencionado en su declaración el nombre de cualquier otro concejal.
El Ayuntamiento ya ha advertido que va a abrir un procedimiento que puede tener tres vías de actuación: la ley de transparencia, ley de protección de datos o un procedimiento penal por revelación de secretos. Porras ha declarado: “Es gravísimo lo que ha ocurrido. Si José Ramón Navarro se ha inventado esta denuncia nuestra actuación irá contra él por perjurio, ya que en una declaración está obligado a decir la verdad. Si no se lo ha inventado, es Virginia Cortés la que ha cometido el delito al revelar secretos y facilitar una documentación que contenía datos personales a un tercero. O uno u otro, les pido que se pongan de acuerdo. El Ayuntamiento va a ir con todo contra el culpable”.