· Un informe jurídico de la CAM confirma la nulidad del contrato “a dedo” de la empresa de seguridad para las fiestas de Alcorcón y tumba la excusa de la urgencia, dejando al Ayuntamiento como único responsable directo
El escándalo de la seguridad de las Fiestas Patronales de Alcorcón da un paso más: la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha confirmado que la contratación realizada por el Ayuntamiento fue nula de pleno derecho, al haberse llevado a cabo al margen total del procedimiento legal.
El dictamen 115/26, aprobado por unanimidad el pasado 4 de marzo, es contundente: el Ayuntamiento adjudicó de facto un contrato sin ningún procedimiento, a una empresa que además estaba incursa en prohibición de contratar.
Contratación “a dedo” y fuera de la ley
El informe acredita que, tras declarar desierto el procedimiento, el Ayuntamiento recurrió verbalmente a la misma empresa rechazada, NCS Seguridad S.L., para prestar el servicio durante las fiestas.
La Comisión Jurídica es tajante: se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal, la contratación verbal está expresamente prohibida y los hechos constituyen un supuesto de nulidad radical. Lo que desmonta el argumento de que fue un error, se actuó directamente fuera de la ley.
La excusa de la “urgencia”, desmontada
Uno de los argumentos del Gobierno municipal de Candelaria Testa era que se trataba de una actuación rgente. La Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid lo desarma por completo al citar que no existía ninguna situación de emergencia, que la falta de planificación es imputable al propio Ayuntamiento y que las fiestas eran perfectamente previsibles. Lo que reafirma la idea que no hubo urgencia, sino que hubo improvisación.
Pese a la nulidad, el propio dictamen abre la puerta a que el Ayuntamiento tenga que pagar igualmente el ervicio, pero no como contrato válido, sino como compensación por los trabajos realizados. Es decir, los vecinos de Alcorcón acabarán pagando 57.661,95 euros derivados de una actuación ilegal de su propio Gobierno municipal.
El Partido Popular denuncia además que, en la Comisión de Organización Interna del pasado día 20 de marzo, donde se abordó el reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar esta operación, el Gobierno municipal se negó a dar más información y a responder a otra de las preguntas clave: ¿Quién dio la orden de llamar o quien realizó esta llamada que incumple, como ha quedado reflejado, la ley?
Este nuevo dictamen refuerza lo que el Partido Popular lleva meses denunciando: falta de planificación, opacidad en la contratación y decisiones arbitrarias con dinero público. Todo ello con el agravante de que la alcaldesa, Candelaria Testa, expulsó al PP de Alcorcón de la Mesa de Contratación incumpliendo el Reglamento Municipal y, lejos de rectificar, modificó la normativa con el apoyo de sus socios de gobierno para mantener a la oposición alejada del órgano donde se adjudican los contratos públicos.
En declaraciones de Roberto Marín Vergara, presidente y portavoz del Partido Popular de Alcorcón, ha señalado que “el informe de la Comunidad de Madrid confirma lo que denunciamos en febrero: no fue un error administrativo, fue una gestión temeraria del dinero de todos los vecinos, y eso es gravísimo”. En este sentido, ha exigido al Gobierno municipal que aclare “quién dio la orden de levantar el teléfono y encargar este servicio saltándose la ley y qué responsable político o técnico asumió esa decisión”. Asimismo, ha subrayado que “no
cuestionamos la necesidad de reforzar la seguridad durante las fiestas, sino la forma en la que se actuó”, y ha advertido de que “continuaremos exigiendo responsabilidades políticas y todas las explicaciones necesarias para garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos”. “No vamos a permitir esta forma de actuar: un contrato adjudicado a dedo, declarado ilegal por la propia Comunidad de Madrid y que ahora pretenden pagar sin que nadie explique quién tomó esa decisión”, ha concluido.