Las presidentas de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, firmaron ayer una declaración institucional en la que reclamaron la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ante la decisión del Gobierno central de proceder a su cierre en 2027. La firma de este acuerdo se produjo tras la visita a las instalaciones de la planta, en las que ambas mandatarias conocieron de primera mano la situación.
Díaz Ayuso alertó que el cierre de Almaraz causaría un «daño irreversible» a España, un país que, según indicó, no cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para reemplazar la energía nuclear en el corto plazo. En particular, subrayó los riesgos para zonas de alta demanda energética, como la Comunidad de Madrid, que depende en un 15% de la energía generada en esta central. La creciente apertura de centros de datos en la región acentúa aún más esta necesidad.
Además, la presidenta madrileña advirtió que la paralización de la planta nuclear provocaría un aumento del 23% en la factura de la luz para los hogares y pequeñas y medianas empresas, lo que se traduciría en un coste de unos 22.500 millones de euros. La pérdida de alrededor de 30.000 puestos de trabajo, especialmente en municipios rurales en riesgo de despoblación, sería otro de los impactos negativos que resaltó, pues estos empleos representan el 70% de los ingresos de estas zonas.
La energía nuclear, considerada en 2022 por la Unión Europea como energía verde, representa el 21% de la generación eléctrica en España, contribuyendo significativamente a la reducción de las emisiones de CO₂ y ayudando a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, según Ayuso, en los últimos cinco años ha aumentado la carga fiscal a las empresas, lo que ha desincentivado la inversión en esta fuente de energía.
La presidenta también subrayó que, de cerrarse Almaraz, España aumentaría su dependencia de los combustibles fósiles, principalmente del gas proveniente de Rusia, lo que afectaría tanto a la seguridad energética como a la seguridad nacional.
En este sentido, Díaz Ayuso propuso emular el modelo belga, donde se ha permitido la continuidad de dos plantas nucleares con el respaldo de la comisaria europea Teresa Ribera y un paquete de ayudas de 32.000 millones de euros. La presidenta madrileña exigió al Gobierno central que adopte decisiones basadas en rigor científico y técnico, libres de ideologías, que protejan el medio ambiente, el empleo y la autonomía energética del país.