El sistema de contratación en el Ayuntamiento de Aranjuez, bajo el Gobierno municipal del Partido Popular y Vox, dirigido por Miguel Gómez, está siendo cuestionado por el PSOE. La concejala María Lázaro ha denunciado lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de contratación de personal, tanto en el procedimiento como en el objeto de las contrataciones.
Lázaro ha asegurado que “se está incumpliendo de manera rotunda con los principios que inspiran la legislación, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier contratación pública”. La edil ha ido más allá, calificando estos hechos como “un posible fraude en la contratación”.
El Comité de Empresa del Ayuntamiento ya había alertado de esta situación el 19 de septiembre de 2024, al denunciar la contratación irregular de dos ayudantes de oficios múltiples. En su denuncia, el Comité resaltaba que solo algunos precandidatos preseleccionados a través del Servicio Público de Empleo (SEPE) accedían a las plazas, sin que se conocieran los criterios de dicha preselección. Además, destacaron que algunos demandantes de empleo de fuera de la localidad y de otras oficinas de empleo ajenas a Aranjuez estaban siendo seleccionados para puestos que deberían estar destinados a los vecinos de la ciudad.
Según Lázaro, el Gobierno municipal está recurriendo a contrataciones temporales para cubrir necesidades permanentes, lo que considera una práctica susceptible de ser ilegal e irregular. Entre los puestos afectados se encuentran auxiliares administrativos, auxiliares de biblioteca, oficiales de fontanería, albañiles, ayudantes de oficios múltiples, el director de la Escuela Municipal de Música, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos forestales.
El Ejecutivo local justifica esta práctica alegando que las bolsas de empleo están obsoletas. Sin embargo, Lázaro rechaza esta justificación, subrayando que lo adecuado sería convocar las plazas mediante los procedimientos legales establecidos, con las bases aprobadas y publicadas, y con la constitución de un tribunal, tal y como marca la ley. Según la concejala socialista, la creación de una Comisión de Valoración de solo tres personas, como se ha hecho hasta ahora, “no está contemplada en la legislación”.
Ante estos hechos, Lázaro ha asegurado que el PSOE iniciará una serie de reuniones con los representantes sindicales para estudiar las medidas jurídicas más apropiadas para abordar esta situación, que considera muy grave y que podría estar vulnerando derechos constitucionales.