El 24 de septiembre se aprobó en Pleno la comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas por un supuesto soborno que afecta a varios concejales del PSOE
Hace 40 días el Ayuntamiento de Leganés en sesión plenaria extraordinaria y a instancia de ULEG, el principal partido de la oposición, aprobó crear una comisión de investigación que aclarara las maniobras del director general de Seguridad y, hoy, edil de Seguridad y portavoz del gobierno Óscar Oliveira. El motivo fueron unas grabaciones transcritas que sacaron a la luz diversos medios de comunicación donde se demostraría que habría intentado comprar con 10.000 euros por cabeza (provenientes de los fondos UNESPA) y coaccionar (“o te vas o te quedas de jardinero”) la voluntad de los Bomberos municipales para empujarles a aceptar y forzar su traspaso a la Comunidad de Madrid, una «tropelía» que finalmente se hizo efectiva el pasado 1 de octubre.
Desde entonces, la única acción que ha ejecutado el gobierno local ha sido la de «autoerigirse presidentes de la Comisión», a través de la compañera de gobierno y de partido, la edil de Urbanismo, Laura Oliva. Añadía ULEG: «una maniobra claramente obstruccionista y que evidencia que se pretende cualquier cosa menos llegar hasta el final y aclarar tan turbio asunto».
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, insistió en que «estamos ante uno de los mayores escándalos del presente mandato, que viene arrastrado del anterior y que implica a otra administración como la comunidad de Madrid. El asunto se podría haber zanjado políticamente con el cese o dimisión del Sr. Oliveira, pero la defensa numantina del alcalde hace sospechar lo peor respecto al papel del alcalde, Llorente en este caso. Que nombrará presidente de la comisión a una compañera de gobierno y de partido y no al edil que impulsó la comisión corrobora que hay mucho que ocultar y que la verdadera intención es boicotear esa comisión, aburrirla, dormirla, transformarla en una farsa y que no llegue a ningún sitio, convirtiendo de nuevo a los vecinos y al interés general en rehén de su visión cortijera y patrimonialista de la institución».
ULEG: «PORTAVOZ SIN VOZ Y SIEMPRE CON SU TELÉFONO COMUNICANDO«
La situación se vuelve «más rocambolesca» cuando el investigado y con labores de portavoz del gobierno desde el comienzo del presente mandato, el Sr. Oliveira, «se ha quedado sin voz desde hace semanas, escondido ante los múltiples escándalos que jalonan su labor política: desde el abandono a la Policía Local, a la que ha engañado e incumplido infinidad de promesas, pasando por la oscura jugada por la que se va a disolver la empresa pública de comunicación LG Medios para intentar “funcionarizar”, por la puerta de atrás, a trabajadores que ya en su día fueron enchufados en la citada empresa»
SITUACIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE EMSULE
Otra comisión de investigación en marcha es la de la otra compañía pública del ayuntamiento, EMSULE, la empresa del suelo, que igualmente «avanza a paso de tortuga y donde nadie, después de dos años solicitándolo, es capaz de encontrar la documentación y los exámenes por los que accedieron los 22 trabajadores a la empresa», con quiénes compitieron las convocatorias públicas, el tribunal examinador o los currículum que acreditaran, en esos momentos, sus méritos y capacidad para acceder a un empleados de esta empresa pública. «Es difícil encontrar lo que nunca existió», zanjan desde el partido vecinal.