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El Alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, planteará a los sindicatos en la próxima mesa general de negociación un borrador de acuerdo que ya ha facilitado para establecer la jornada semanal presencial de 35 horas con el fin de mejorar las condiciones laborales y la recuperación de los derechos perdidos de los trabajadores municipales.

Así, la Disposición Adicional Centésima, Cuadragésima y Cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, regula la jornada de trabajo del sector público estableciendo que a partir de la entrada en vigor de esta Ley la jornada de trabajo general supondrá un promedio semanal de 37,5 horas. No obstante, en su apartado segundo se establece que “cada administración pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas a las establecidas con carácter general”.

En este sentido, la propuesta que el equipo de gobierno ha remitido a los representantes sindicales así como a todos los empleados municipales consistirá en establecer una jornada presencial de 35 horas semanales, mientras que el tiempo adicional hasta las 37,5 horas en promedio semanal se destine a la formación de empleados municipales a través de distintos mecanismos. De esta forma, desde el Ayuntamiento han especificado que esta propuesta sería de aplicación a partir del 1 de enero de 2019.

Por otra parte, ante la publicación realizada por UGT, en la que se indica que “el gobierno socialista con mayoría absoluta de San Martín de la Vega deniega este derecho a sus trabajadores”, el Ayuntamiento manifiesta que “esta afirmación no es cierta y su publicación lleva a engaño a todos los trabajadores, por lo que solicitamos una rectificación pública hasta la finalización de la negociación con los representantes sindicales”. Asimismo, la concejal de Personal, Sonia Azuara, ha recordado que “en el Pleno de septiembre se aprobó la subida salarial del 0,25% cuando los informes jurídicos y de Intervención establecieron que era posible, según lo marcado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado” y que “en lo que respecta a las 35 horas y a la recuperación del 100% del salario en las bajas, siempre se manifestó que se estudiaría cuando la liquidación del presupuesto de 2017 estuviera aprobado”.

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