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Los Consistorios juegan sus bazas para contrarestar los terribles efectos provocados por las deudas. Planes de ajuste, refinanciación, créditos, soluciones de incierto futuro.

Han pasado casi diez años; la crisis económica que ha azotado a este país parece llegar a su fin. Pero sus efectos aún se notan. No son pocos los alcaldes que se ven obligados a hacer equilibrios sobre un alambre muy fino.
No obstante, el transcurrir de los años ha servido para que todos los Ayuntamientos recorten multitud de gastos superfluos, y otros no que no lo son tanto, con el fin de poder ajustarse, ser sostenibles y no aumentar la deuda heredada de anteriores Gobiernos. Quien hizo la ley hizo la trampa. Los Consistorios pueden trabajar con presupuestos prorrogados. Esto significa que hay municipios que gastan por encima de lo ingresado, debido a que trabajan con estimaciones económicas  de años anteriores, donde los ingresos era mucho mayores que los actuales.
Ayuntamiento de Parla

Cifras ocultas

Hay Ayuntamientos que recurren a esto, por la imposibilidad de realizar un presupuesto real; los gastos están tan aumentados, que para poder tener las cuentas al día, un Consistorio sostenible debería suprimir servicios básicos o incluso cerrar sus instalaciones, durante varios años en algunos casos, para poder pagar la deuda que les asfixia.
Existen Ayuntamientos como los de Parla, Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco o Torrejón de la Calzada, donde, a pesar de estar sujetos a un estricto plan de ajustes, la carga que supone la deuda es, en algunos casos, más de la mitad de los ingresos que tiene el Consistorio. Eusebio García, alcalde de Torrejón de la Calzada, nos ponía un ejemplo: “De cien euros de impuestos municipales, más de sesenta de ellos van a parar al pago de la deuda y menos de cuarenta van a parar al gasto normal de mantenimiento urbano”. En su municipio se ha realizado un plan de ajuste sobre el ya existente.
Otro de los ejemplos preocupantes es el de Moraleja de Enmedio, Consistorio en el que se han tenido que aprobar sendos créditos, con carencia de dos años, para hacer frente, por un lado, a la deuda con los proveedores (24.943.332,97 €) con el Fondo de Refinanciación y, por otro, a la contraida con las entidades bancarias (6.365.553,70 €) con el Fondo de Ordenación.
Un último ejemplo es el de Torrejón de Velasco. Según su alcalde, Esteban Bravo: “La deuda actual es de 11 millones y medio, de los 14 que nos dejaron. Hemos pasado de un presupuesto de 7 millones, cuando entramos en el Ayuntamiento, a contar con 4 millones. Lo hemos ajustado al máximo; aun así, no se acerca a la realidad de los ingresos, ya que estamos en 4 millones de gastos y 3.400.000 de ingresos. Tenemos, claramente, un déficit estructural”.

¿Quién vigila?

Los Consistorios que viven estas delicadas situaciones se ven obligados a realizar acrobacias económicas para poder desbloquear el acceso a las subvenciones del Estado, y obtener así la ficticia liquidez que les permitan acometer sus distintos proyectos, a riesgo de empeñar aún más el futuro de sus arcas.
Queremos suponer que todas las administraciones pasan controles rigurosos por funcionarios y por el Tribunal de Cuentas, pero la realidad es que no ha habido consecuencias para los Ayuntamientos que sistemáticamente incumplían reglas de gasto, o que inflaban presupuestos y gastaban por encima de lo debido como ha demostrado el tiempo.

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