La Fiscalía Provincial de Madrid se opone a la admisión de la reclamación interpuesta por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal, (CPPM), que denunciaba irregularidades en el proceso de reestructuración del cuerpo llevado a cabo a principios de este año.
CPPM interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón del 29 de enero de 2018, denunciando que dicha reorganización se había realizado a espaldas de la negociación colectiva. Sin embargo, la Fiscalía ha argumentado a través de distintas sentencias de casos anteriores que las gestiones llevadas a cabo desde la Concejalía de Seguridad, que dirige la tercera teniente de alcalde, Ana Gómez, se ha ajustado a la ley y no vulnera ningún derecho laboral de los agentes de Policía Municipal.
En palabras de la edil responsable de Seguridad, “todas las gestiones y trámites realizados cumplen con la normativa vigente y se ha realizado priorizando, en todo momento, la elección de destino de los efectivos policiales. El 90% de la plantilla ha sido destinado al servicio y turno elegido”.
Ana Gómez ha añadido también que “los responsables de CPPM solo han querido usar un sindicato legítimo, con el que existe una estrecha colaboración, en beneficio propio. Un sindicato de este tipo no está para solucionar los problemas a estas personas enfadadas porque no han conseguido un turno específico. No se puede jugar a modificar algo que afecta positivamente a cientos de trabajadores y vecinos de Alcorcón por capricho de unos pocos”.